Una vez más el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, reafirmó que el plazo final para el proceso de formalización minera no se postergará. Durante el año pasado, reiteró en varios momentos que el 19 de abril vencerá el plazo de formalización sí o sí, a pesar de las dudas sobre si el plazo es el adecuado. Esta semana se reafirmó.

Si bien el Gobierno no quiere variar la fecha final, en agosto emitió un Decreto Supremo que amplió algunos de los plazos intermedios del proceso, debido a que los gobiernos regionales no emitieron las disposiciones para continuar con el mismo. Con ello se buscaba que la formalización avanzara de manera progresiva. Tras el cambio, los mineros podrían presentar cuatro de los cinco requisitos recién el 19 de abril, lo que redujo las posibilidades del gobierno de ‘actuar sobre la marcha’ y resolver los problemas antes de que todo termine. Ello, por supuesto, generará otro problema: la carga burocrática que tendrán los funcionarios a cargo a partir del 20 de abril.

¿Estrategia o ampliación?

Inicialmente el Gobierno señaló que aquellos mineros que no se sometieran o no aprobaran el proceso de formalización serían considerados ilegales y sometidos a acciones de interdicción (destrucción de maquinaria utilizada para minería ilegal). Pero en agosto el mismo Decreto Supremo que modificó los plazos intermedios anunció una “estrategia de saneamiento del proceso de formalización” que terminaría en el 2016. Dicha medida sembró dudas: ¿se estaba ampliando el plazo de formación para los mineros informales?

El ministro Pulgar-Vidal reiteró que no, pero el texto del artículo dejaba dudas, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Más aún, Daniel Urresti, alto comisionado para la formalización minera, afirmó en enero que están “analizando” la posibilidad de que los mineros puedan formalizarse hasta el 2016, y en una entrevista posterior dijo que permitirán que los mineros inscritos en el proceso “puedan seguir operando sin formalizarse” hasta por un año.

Formalización a medias

Las declaraciones de Urresti tienen una razón clara: muy pocos mineros estarán formalizados al final del proceso. “No se ha avanzado casi nada”, aseguró a SEMANAeconomica.com César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental que ha estudiado de cerca la minería ilegal en los últimos años. “Tenemos noticias mediáticas de interdicciones, fundamentalmente en Madre de Dios, pero si uno va o conversa con la gente, la cosa sigue igual o peor”.

De los 70,000 mineros que iniciaron el proceso de formalización, actualmente sólo 30,000 tienen probabilidades de formalizarse. El investigador y consultor en temas mineros, Miguel Santillana, estima que sólo 7,000 tendrán la documentación lista para formalizarse el 19 de abril. José de Echave, investigador de CooperAcción, también considera que los formalizados serán una minoría.

No existen estudios oficiales sobre el número de mineros ilegales e informales en el Perú. Ipenza cree que la cifra total va de 150,000 y 170,000, y que sólo en Madre de Dios habrían 70,000. José de Echave, investigador de CooperAcción y ex viceministro del Ambiente, considera que esa cifra se queda corta y que los mineros ilegales e informales en el Perú sumarían entre 300,000 y 400,000. Miguel Santillana considera que podrían alcanzar los 500,000.

Si sólo 7,000 mineros se formalizan y empleamos la cifra modesta de 170,000 en todo el Perú, ello significaría que sólo el 4% de los mineros ilegales estarían formalizados.

Ante esta situación, el Gobierno deberá emprender nuevas medidas más allá de las interdicciones –a pesar de éstas, la minería ilegal continúa– y sobre la base de una estrategia de fiscalización que abarque a varias entidades (inteligencia financiera, control de insumos, comercialización de oro, etc.). Un tema clave será reforzar la ayuda a los gobiernos regionales –encargados de aprobar las solicitudes–, que carecen de los recursos y la capacitación requerida para llevar adelante el proceso.

En abril del 2012, cuando el Gobierno iniciaba el proceso de formalización, Miguel Santillana dijo: “Es la primera vez que el Estado peruano hace frente, de manera multisectorial y decidida, a la minería ilegal“. Pero frente a un problema de varias décadas –alentada por el superciclo de los precios de los minerales–, el Estado aún tiene mucho por hacer.

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