07 agosto 2018

MTPE: criterios técnicos para alza de sueldo mínimo se publicarán en decreto a fin de año

En la norma, también se establecerá la periodicidad, criterios y responsables de revisión de la remuneración mínima vital.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian Sánchez, sostuvo que la referida comisión técnica encargada de ajustar la fórmula de revisión del incremento del sueldo mínimo terminará su revisión a fines de este año, y luego será oficializada mediante decreto supremo. En el decreto, que será publicado a fin de año, también se incorporarán aspectos como la periodicidad, criterios y responsables de revisión de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Sánchez asegura que el alza de la RMV se dejará de hacer de forma política para hacerse de forma técnica, utilizando la fórmula consensuada, en el 2007, por los actores que integran el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), espacio reactivado en julio.

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En la fórmula del 2007, se tomaban en cuenta ocho factores: profunda recesión, fuerte elevación de la tasa de desempleo abierto, fuerte elevación de la tasa de informalidad laboral, alza desmedida de la relación remuneración mínima/remuneración promedio, contexto no adecuado, propuesta complementaria, cláusula gatillo (tasa de inflación subyacente), y periodicidad. Había consenso en seis y discrepancias en dos: la periodicidad y el ratio remuneración mínima/remuneración promedio.

“La fórmula para la revisión del aumento de la remuneración mínima vital está consensuada y se basa en dos factores: la inflación y la productividad. En adelante la RMV se revisará vía dicha fórmula técnica y no con discrecionalidad política”, dijo. “Los incrementos de la Remuneración Mínima Vital no generan el aumento de la informalidad y el desempleo, siempre que se den sobre la base de criterios técnicos y en contextos de crecimiento económico”, agregó.

De otro lado, Christian Sánchez informó que, como parte de las facultades delegadas por el Congreso al gobierno, se aprobará un decreto legislativo que regule de manera integral el uso de modalidades formativas en el sector público, a fin de que los jóvenes puedan realizar sus prácticas preprofesionales y profesionales en las entidades del Estado, con beneficios similares a los otorgados en el sector privado.

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