19 mayo 2019

PwC: 32% de empresas considera dar incentivos adicionales para desvincular empleados

Estas empresas prefieren negociar el pago de una reparación mayor que reincorporar trabajadores despedidos, según detalló anteriormente SEMANAeconómica.

Un 32% de las empresas en el Perú considera otorgar incentivos y beneficios adicionales a los establecidos por la ley, según el estudio ‘Cambios laborales necesarios para un entorno dinámico y sostenible a futuro’, realizado por Percy Alache, director de PwC.

El 68% de las empresas otorga solo los estipulados por la ley (1.5 sueldos por año –con un tope de 12 sueldos- vacaciones truncas, gratificaciones truncas, entre otros). Así, el 32% se divide entre las empresas que otorgan incentivos monetarios adicionales a lo que señala la ley (22%) y las empresas que otorgan beneficios adicionales a lo estipulado en la norma (13%).

Los gerentes y ejecutivos son los que cuentan con mayores incentivos monetarios adicionales, los cuales pueden llegar a ser de 1.5 sueldos por año con un tope de hasta 10 sueldos. Les siguen los mandos medios, con 1.38 de sueldos por año y un tope de hasta 9.8 sueldos. Luego están los empleados, con 1.32 sueldos por año y un tope de 8 sueldos. Finalmente están los obreros, con 1.2 sueldos por año de servicio y un tope que llega hasta los 7 sueldos.

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En cuanto a los incentivos no monetarios, el 33% de las empresas opta por continuar la asistencia médica hacia la gerencia por un plazo de nueve meses; el 85% hacia los ejecutivos por un plazo de nueve meses; el 43% hacia los mandos medios por un promedio de 7.5 meses, y el 42% hacia los empleados por el mismo tiempo. Por último, el 14% opta ofrecer esta continuación de asistencia médica por 8 meses a los obreros.

Entre los criterios utilizados para otorgar estos beneficios resaltan la antigüedad, con 62%; la negociación individual, con 41%; el nivel jerárquico, con 38%; y el desempeño, con 21%.

Cabe resaltar que SEMANAeconómica señaló que la reposición se ha convertido en la vía preferente para resarcir al trabajador frente a un despido, lo cual tiene un mayor impacto en la pequeña y mediana empresa, y que las empresas no se opondrían a pagar indemnizaciones superiores al máximo actual de 12 sueldos por despido arbitrario

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