27 noviembre 2016

Ejecutivo promulgó decreto que fortalece a la UIF en la lucha contra lavado de activos

La entidad obtiene facultades para, mediante autorización judicial, acceder al secreto bancario y tributario.

El Poder Ejecutivo promulgó el sábado 26 de noviembre, en el marco de la delegación de facultades legislativas, un decreto que dicta medidas para fortalecer la prevención, detención y sanción del lavado de activos y terrorismo.

Así, mediante esa norma, se robustecen las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Por ejemplo, se oficializó la facultad de la UIF para acceder, a través de una autorización judicial, a información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria. Un juez penal ahora tiene 48 horas para resolver la solicitud de información. Si es positiva, las empresas del sistema financiero y/o administración tributaria deberán remitir la información solicitada en un plazo máximo de treinta días.

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También se establece que el Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (OCP LA/FT) realicé una gestión centralizada de la información de notarios a nivel nacional y evalúe las operaciones realizadas o que se hayan intentado realizar ante un notario.

En el ámbito de acción de la UIF, son incorporadas en calidad de “sujetos obligados” a proporcionar información: empresas del sistema financiero y del sistema de seguros, cooperativas de ahorro y crédito, empresas dedicadas a la compraventa de divisas y al servicio postal de remesa y/o giro postal, administradores de bienes, empresas y consorcios, sociedades agentes de bolsa y sociedades administradoras de fondos mutuos, entre otros.

Además, se mencionan notarios, agentes inmobiliarios, trabajadores de casinos, agentes de aduana, notarios, comerciantes de joyas, abogados y contadores públicos colegiados, entre otros.

Entre las entidades públicas, se menciona al Jurado Nacional de elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), además de la Sunat, SMV, Sunarp, Reniec, Devida, y otros.

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