20 noviembre 2017

Defensoría en contra de proyecto que prohíbe colocar publicidad estatal en medios privados

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió reformular la propuesta legislativa de Mauricio Mulder.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, planteó la reformulación de la propuesta legislativa que busca prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados, presentada por el congresista aprista Mauricio Mulder. De acuerdo al funcionario, este proyecto de ley representaría graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y recibir información sobre asuntos de interés público relacionados a políticas públicas en materia de salud, educación o seguridad ciudadana.

“Nosotros planteamos que se reformule esta norma y que se permita el uso de los medios privados, porque aún los medios tradicionales, como la radio y los diarios, por ejemplo, en los sectores más populares y rurales sigue siendo los canales a través del cual el ciudadano se informa. Prohibir la publicidad estatal constituye un error porque implica ignorar que cerca del 40% del país no tiene acceso diario a la información”, subrayó Gutiérrez.

La iniciativa legislativa planteada propone que las entidades públicas empleen únicamente los medios de comunicación estatales y las redes sociales para difundir información a la ciudadanía, hecho que representa –para la Defensoría del Pueblo– una contradicción porque exigir la difusión de información mediante redes sociales representa no tener en cuenta que ellas pertenecen a empresas privadas y, en la mayoría de casos, exigen un pago para ampliar la difusión de contenidos.

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Gutiérrez también señaló que no se ha tenido en cuenta que  cerca del 40% de la población no accede diariamente a Internet, y que aún son predominantes, sobre todo en provincias, medios tradicionales como la radio o los diarios regionales.

El funcionario explicó que, si bien el mencionado proyecto de ley persigue un fin legítimo —evitar que la contratación estatal de servicios de publicidad sirva como un mecanismo de presión hacia los medios de comunicación que impida la investigación y difusión de hechos de interés público—, ésta constituiría un supuesto de censura indirecta, que el Estado se encuentra en la obligación de evita, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Defensoría de Pueblo considera oportuno recordar que la información es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos, y una obligación del Estado de hacerla efectiva. En atención al principio de transparencia, el Estado tiene el deber de informar a la población sobre su ejercicio de gobierno a través de todos los canales de difusión, especialmente aquellos que resulten más eficientes para este propósito.

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