11 enero 2018

Congreso aprobó la ley de fortalecimiento de la Contraloría

La entidad de control tendrá acceso irrestricto a información y las OCI serán independientes.

El Congreso aprobó por unanimidad y en primera votación el proyecto de ley fortalecimiento de la Contraloría General de la República, presentado por Nelson Shack, titular de dicha entidad, en octubre del 2017. La norma, que autoriza una reorganización por un plazo de 120 días, fue exonerada de ser ratificada en una segunda votación.

Tal como buscaba el contralor Shack, las Oficinas de Control Institucional (OCI) ya no serán administradas por las entidades del Estado a las que deben fiscalizar, es decir, gobiernos regionales, municipalidades y otras instituciones.

“No es posible que un controlador haga bien su trabajo si depende del controlado. Hay 919 OCI, de las cuales sólo en 372 la Contraloría designa al jefe, y en ninguna el equipo de control depende de nosotros”, declaró Shack a SEMANAeconómica en noviembre pasado.

Las OCI ahora serán independientes y sus jefes serán designados por la Contraloría. “Autorízase la incorporación de los órganos de control institucional de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a la Contraloría General de la República, de manera progresiva”, señala la norma.

Sin embargo, los jefes y el personal de la OCI del Congreso no podrán ser nombrados por la Contraloría. Su régimen laboral y dependencia funcional dependerá de las normas estipuladas por ese poder del Estado.

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Asimismo, la norma señala que las instituciones sujetas a control deberán proporcionar los medios necesarios para que las OCI ejerzan su función de control de acuerdo a las disposiciones que dicte la Contraloría.

De otro lado, la norma establece que la Contraloría tendrá acceso directo, masivo, en línea, irrestricto, gratuito y en cualquier momento a las bases de datos, registros, sistemas informáticos y documentos de las entidades que sean controladas.

Estos datos e informaciones serán reservados. La Contraloría no podrá revelar información que pueda dañar a la entidad fiscalizada mientras lleve a cabo su acción de control. Sólo podrá revelarse una vez que el informe de control sea notificado a la entidad. En ese momento adquirirá carácter público.

Los funcionarios públicos que adquirieron sus cargos por elección popular podrán ser sancionados por la entidad de control, excepto aquellos que sean titulares de organismos constitucionalmente autónomos y las que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político.

El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ahora estará compuesto por tres miembros, los cuales deberán tener estudios de especialización en contratación pública, además de derecho laboral, constitucional, administrativo y gestión de recursos humanos.

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