17 septiembre 2018

Entidades públicas podrán realizar contrataciones directas ante la caducidad de APP

En el marco de las facultades legislativas, el gobierno modificó la Ley de Contrataciones del Estado.

El gobierno modificó la Ley de contrataciones del Estado en el marco de las facultades legislativas, excluyendo de su ámbito de aplicación a las contrataciones que se sujetan a regímenes especiales, como las beneficencias, las cajas municipales de ahorro y crédito y Qali Warma. Además, dispuso que las entidades públicas podrán contratar directamente cuando un contrato de Asociación Público Privada (APP) caduque bajo el supuesto de desabastecimiento.

“Cuando se produzca la caducidad de un contrato de APP o Proyecto en Activos, la entidad titular del proyecto puede contratar directamente bajo el supuesto de desabastecimiento contenido en el literal c) del artículo 27 de la Ley a aquellos proveedores necesarios para garantizar la continuidad del proyecto”, se indicó en la iniciativa. Dicho literal indica que el desabastecimiento debe ser comprobado y debe afectar o impedir a la entidad cumplir con sus actividades u operaciones.

Sobre las contrataciones directas, también se precisó que este procedimiento puede efectuarse a través de compras corporativas.

Además, el Ejecutivo dispuso que las actuaciones preparatorias —es decir, todo lo que se realiza antes de la convocatoria para la adjudicación del contrato— puedan estar a cargo de organismos internacionales que estén debidamente acreditados. El decreto legislativo 1444, promulgado por el Ejecutivo este fin de semana, elimina los términos de “complejo y “especializado” para la encargatura de procesos de contrataciones a organismos internacionales debidamente acreditados.

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Otras modificaciones

Además, el decreto agrega que “el convenio entre la entidad y el organismo internacional debe incluir cláusulas que establezcan la obligación de remitir la documentación referida a la ejecución del convenio por parte del organismo internacional. Esta información debe ser puesta en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, cuando estos lo soliciten”.

En cuanto a la supervisión del proceso de contratación, el gobierno detalla que “para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión”.

El Ejecutivo también hace precisiones sobre las personas jurídicas o naturales que están impedidas de contratar con el Estado. Así, se incluye a las comprendidas en las listas de Organismos Multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas.

Otra precisión es que, en caso el Osce o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique indicios de conductas anticompetitivas y remita la información al Indecopi para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra los presuntos responsables, “esta decisión debe ser mantenida en reserva y no debe ser notificada a los presuntos responsables a fin de asegurar la eficacia de la investigación”.

Además, se indica que la Central de Compras Públicas – Perú Compras promueve el proceso de homologación de los requerimientos, priorizando aquellos que sean de contratación recurrente, de uso masivo y/o aquellos identificados como estratégicos.

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