05 marzo 2019

SNI señala que decreto sobre norma antielusiva vulnera principios constitucionales

La sociedad aseguró que la estabilidad jurídica de las inversiones estaría en riesgo si no se modifica la norma.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) aseguró que el decreto legislativo 1422, el cual regula la responsabilidad solidaria de los representantes legales y directores, vulnera los principios constitucionales de irretroactividad en materia tributaria,  presunción de inocencia, predictibilidad y seguridad jurídica de las empresas. En ese sentido, el presidente de la SNI, Ricardo Márquez, solicitó su modificación “o de lo contrario se estaría colocando en serio riesgo la estabilidad jurídica de las inversiones”.

El titular del SNI explicó que estas modificaciones vulneran el principio de irretroactividad al aplicar un procedimiento de fiscalización regulado en el 2018 a situaciones que ocurrieron en el 2012.  Del mismo modo, señaló que el decreto agregó un ítem que “presume que los representantes legales han actuado en abuso de sus facultades, en caso participen en el diseño, aprobación o ejecución de planes que conlleven a objetivos distintos al ahorro tributario”, informó la entidad.

Cabe resaltar que la norma obliga a los directores de las compañías a aprobar las estrategias tributarias y ratificar o modificar, hasta el 29 de marzo del 2019, todos los actos de planificación tributaria de la empresa de los últimos seis años. El decreto 1422 se emitió en setiembre del 2018 en el marco de las facultades delegadas al Ejecutivo.

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Asimismo, la SNI señaló que el decreto vulnera el principio de predictibilidad ya que “no define qué se entiende por acto artificioso y acto impropio, y no tiene una definición de elusión tributaria y los supuestos en los cuales las empresas buscan beneficios distintos al ahorro o ventaja fiscal”.

Márquez resaltó que a pesar de que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó derogar y modificar tres artículos del decreto —bajo el argumento de que éstos excedían las facultades que el Congreso otorgó al Ejecutivo—, este informe todavía no ha sido aprobado.

A comienzos de febrero, el ministro de Economía, Carlos Oliva, aseguró que el decreto se publicaría durante el transcurso de ese mes; sin embargo, su publicación aún permanece en suspenso.

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