06 agosto 2017

OAS y Ministerio Público negociarían acuerdo de colaboración

La constructora tendría que regirse por el DU 003 si acepta que pagó sobornos.

El Equipo Especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, dirigido por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, se encuentra en negociaciones desde hace cinco meses con los ejecutivos de la empresa brasileña OAS, entre ellos el condenado Leo Pinheiro, para firmar un acuerdo de colaboración eficaz y así delatar a los funcionarios públicos que recibieron sobornos a cambio de adjudicarse obras públicas. El trato también incluiría revelar el nombre de los políticos a quienes les financiaron sus campañas.

Según informó La República, citando fuentes del Ministerio Público, a la constructora le preocupa tener que someterse al Decreto de Urgencia 003, aplicado a las empresas que confiesen estar involucradas en delitos de corrupción. Esta norma impide que OAS pueda sacar sus capitales, utilidades y dividendos fuera del país mediante la venta de sus activos, acciones o participaciones para que el Estado tenga una garantía de cobro de la reparación civil.

De acuerdo con la versión de los ejecutivos de la compañía propalada por el diario, esto tendría un impacto perjudicial en sus finanzas considerando que sus inversiones son mucho menores a las de Odebrecht. Los fiscales les habrían contestato que el Ministerio Público no puede intervenir en las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y que solo pueden ofrecerles los beneficios contemplados en la Ley de Colaboración con la Justicia. En un primero momento esta situación habría paralizado las conversaciones, pero estas se habrían retomado recientemente.

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OAS se adjudicó seis proyectos de infraestructura entre 2009 y 2013, entre ellos el Trasvase del proyecto de derivación Huascacocha -Rímac, el Proyecto Línea Amarilla, la Carretera Lima-Canta, la Carretera Quilca- Matarani, el Centro de Convenciones de Lima y el Hospital Regional Antonio Lorena del Cusco. El presupuesto de todas estas obras fue de US$ 1,224 millones según la Contraloría. En cuatro de ellas los sobrecostos fueron de US$ 89 millones.

 

 

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