12 febrero 2018

Congreso pedirá "aclaración" a Corte IDH por resolución que favorece a magistrados del TC

Luis Galarreta, presidente del Congreso, afirmó que acusación constitucional contra integrantes del TC continuará.

La Junta de Portavoces del Congreso evaluó por más de dos horas la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que pide al Estado peruano el archivamiento de la acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y acordó por mayoría solicitar una “aclaración” ante la misma corte en los próximos 90 días, vía Cancillería.

En conferencia de prensa, Luis Galarreta, presidente del Congreso, señaló que la resolución de la Corte IDH es “inaplicable” y que el proceso contra los magistrados Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Carlos Ramos seguirá su curso.

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Galarreta detalló que la resolución va en contra de varios artículos —205, 93 y 99— de la Constitución del Perú. “El artículo 205 de la Constitución señala que para que cualquier ciudadano acuda a un foro internacional, debe agotarse antes la vía interna”, indicó. También agregó que el artículo 93 señala que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, mientras que el artículo 99 permite iniciar un proceso de acusación constitucional contra magistrados del TC.

“Los parlamentario no están obligados a ningún mandato imperativo… La resolución podría estar señalando como deberían votar”, indicó el congresista fujimorista. Los parlamentarios de Fuerza Popular y Apra se han mostrado en contra de acatar la resolución de la Corte, mientras que los congresistas de Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Nuevo Perú y Acción Popular están a favor de respetar la decisión del ente internacional.

Oficiales marinos en situación de retiro presentaron el año pasado la acusación constitucional contra los magistrados del TC por emitir una resolución relacionada al caso El Frontón, en la que se habría violado el precepto de “cosa juzgada” y cometido prevaricato. El 14 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó destituir e inhabilitar por diez años a Espinosa-Saldaña, suspender por 30 días a  Ramos y Ledesma, y absolver a Miranda. Hasta el momento, queda pendiente su discusión y votación en la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso.

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