14 febrero 2018

Poder Judicial declaró improcedente demanda de amparo contra deal entre Inretail y Quicorp

Juzgado Constitucional concluyó que no existen amenazas probadas al derecho a la salud y recordó que el Perú no prohíbe monopolios.

El Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia declaró improcedente la demanda de amparo presentada por el congresista Justiniano Apaza (Nuevo Perú) contra la adquisición de Quicorp por parte de Inretail, lo que ha permitido la empresa lograr el control de las cadenas de farmacias Inkafarma y Mifarma. El congresista pidió que se deje sin efecto la compra pues, alegó, representaría una amenaza al derecho a la salud de los consumidores y una vulneración a la prohibición de abuso del derecho. Ambos argumentos fueron desestimados.

En la demanda, Apaza, tomando cifras de medios periodísticos, señaló que el 95% de la participación del mercado de cadenas de farmacias ahora es controlado por Inretail y que esa participación representa una “concentración del mercado farmacéutico” y un “monopolio”. Esa esta situación generaría “una posible concertación de precios”, lo que se configuraría una amenaza al derecho a la salud del consumidor, pues los precios aumentarían o habría una “restricción en la venta de productos genéricos”. Toma como ejemplo la sanción impuesta por el Indecopi en el 2016 por un caso de concertación.

La jueza Fiorella Mendoza Campos, al analizar la demanda, recordó que el Tribunal Constitucional estableció que para acreditar vulneración a los derechos constitucionales la amenaza debe ser cierta e inminente y debe estar fundada en hechos reales y no imaginarios. Estas condiciones, concluye, no se cumplen en el caso de la demanza presentada por el congresista.

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No hay una amenaza cierta, señala la jueza, porque la fusión no genera por sí misma la imposibilidad de que el consumidor compre sus medicamentos o reestablecer su estado de salud o prevenir alguna enfermedad. La amenaza, consideró el juez, “sólo sería una posibilidad  incierta”. Asimismo, concluye que Apaza no “ha acompañado a su demanda documento alguno que acredite que debido a la adquisición efectuada (…) los precios se hayan incrementado de forma injustificada”.

De otro lado, la juez indicó que no existe una amenaza inminente porque “la celebración de un contrato de fusión no acarrea, por sí, que las medicinas puedan elevar su precio, que impida ser adquirida por la población”. Y advirtió que poner como ejemplo la sanción del Indecopi es anterior a la compra y “no sirve para alegar una inminente agresión al derecho a la salud”.

Apaza también afirmó que con la fusión “se ha consumado un claro abuso de derecho con la única finalidad de evitar posteriores sanciones por concertación indebida”. Sobre este punto la magistrada recordó que los monopolios no están prohibidos en el Perú, sino el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. El congresista, remarca la jueza, no señala cuál es la práctica monopólica en la que incurrió Inretail. “La sola fusión de las cadenas farmacéuticas no implica un abuso de la posición de dominio”, indica. Finalmente, recuerda que verificar un abuso le corresponde al Indecopi y que debe ser evaluado técnicamente.

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