13 abril 2018

Fiscalía criticó a la Sala Penal Nacional por liberación de exsocios de Odebrecht

El fiscal Oliver Chávez aseguró que el tribunal tiene una mirada “obsoleta” sobre la criminalidad organizada.

El fiscal Oliver Chávez, integrante del Equipo Especial del Ministerio Público que investiga el Caso Lava Jato, criticó las resoluciones de la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones que en los dos últimos meses cuatro meses han liberado a los empresarios José Graña Miró Quesada (Graña & Montero), Hernando Graña Acuña (Graña & Montero), Fernando Castillo Dibós (ICCGSA) y Fernando Camet Piccone (JJ Camet), exdirectivos de las empresas peruanas que se asociaron con Odebrecht para construir los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, que habría sido adjudicada a cambio de que la constructora brasileña le pague un soborno de US$20 millones al expresidente Alejandro Toledo.

“La visión de la Sala Penal es, lo digo con todo respeto, obsoleta, ampliamente superada, totalmente de espaldas a la realidad y a las enseñanzas de la criminología. El Ministerio Público no comparte esos criterios pero tiene que acatar”, manifestó Chávez en diálogo con Sin Reserva, programa que forma parte del área de comunicación institucional de la fiscalía. “Se necesitan jueces que tengan una visión moderna del derecho penal. Eso es lo que está faltando en este caso”, añadió. El vocero hizo estos comentarios al referirse a la interpretación que realizaron los magistrados sobre el delito de colusión que la fiscalía le imputa a tres de los investigados: José Graña, Fernando Castillo y Fernando Camet.

La Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones sostuvo que no se cumplía uno de los requisitos para dictar la prisión preventiva: que existan evidencias graves y fundadas de que se haya cometido el delito de colusión entre los exdirectivos de las consorciadas y el expresidente Alejandro Toledo, como sí ocurre en el caso de éste último con Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht.

“La Sala Penal Nacional sostiene que no existe esa evidencia porque esperan un registro fílmico o una toma fotográfica del expresidente reunido con estos empresarios para poder dar por sentado que existió colusión, cuando la fiscalía de manera clara ha explicado al Poder Judicial que el señor Barata primero tomó contacto con el expresidente Toledo y una vez que se llegó a pactar el pago de comisiones ilícitas, le transmitió esa mensaje a los representantes de las empresas peruanas para que concurrieran con Odebrecht en el pago la comisión ilícita” explicó.

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“Si nosotros entendemos la colusión como un delito de homicidio o un robo o un secuestro, como un delito común, evidentemente vamos a terminar sostenido que no hay mínima información sobre colusión entre las consorciadas y el expresidente, pero si entendemos el delito de colusión como un delito complejo de criminalidad, un delito que se comete en ámbitos de ocultamiento y clandestinidad, de alta sofisticacion, si logramos entender que forma parte de criminalidad organizada, vamos a  tener que adoptar necesariamente otros criterios de interpretación”, añadió.

De otro lado, Chávez se refirió a las imputaciones de lavado de activos a Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey. Sostuvo que, aunque la sala haya sostenido que el delito de colusión no está claramente delimitado, en el caso de lavado de activos no podrían plantearse las mismas objeciones.

“Aquí hablamos de cesiones desproporcionadas, injustificadas y evidentemente maquillas de sus utilidades en porcentajes que superaban el 80% a favor de Odebrecht. ¿Qué empresa de la construcción razonablemente cede más del 80% de sus utilidades a quien reconoce como líder del consorcio? Si se quiere cuestionar la imputación fiscal desde la colusión, no podemos hacer lo mismo con respecto al lavado de activos. Si quieren déjenme fuera el delito de colusión y digan que la fiscalía no lo ha podido acreditar, pero no me digan lo mismo respecto del lavado de activos, que está ahí latente”, aseguró.

Finalmente, informó que tras la liberación de Camet Piccone y Castillo Dibós el pasado 19 de enero, los fiscales plantearon un recurso de casación que fue admitido y ahora están a la espera de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto en la Sala Penal de la Corte Suprema.

“Puede decidir conocer o no conocer el asunto de casación en la medida que represente para ella un asunto de relevancia que pueda sentar una nueva doctrina. Esperamos que la Corte Suprema sí entienda que éste caso tiene relevancia y que es importante que se pronuncie al respecto porque tiene que ver la manera en que interpretamos la criminalidad propia de la corrupción funcionarial”, comentó.

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