07 mayo 2018

Defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia apelará incautación de su vivienda

Abogado César Nakazaki sostuvo que no existe una pericia que demuestre que fue comprada con dinero ilícito

César Nakazaki, abogado defensor del expresidente Ollanta Humala, anunció que apelará la decisión dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho de incautar su vivienda ubicada en Surco. La incautación fue solicitada por el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche e incluye otras cuatro propiedades, cuentas bancarias y automóviles vinculados a otros investigados. Humala y su familia tienen hasta las diez de la noche de hoy para dejar la vivienda.

Una de las propidades incautadas está ubicada en la calle Loma Hermosa (Surco). En ella está domiciliada la madre de Nadine Heredia, Antonia Alarcón. Otra está en el jirón Velero (La Molina) y en ella reside Rocío Calderón Vinatea, amiga de Heredia. Asimismo, el juez dispuso la incautación de un departamento en la calle Los Zafiros (La Victoria) y un inmueble en Lurín.

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Nakazaki sostuvo que no existe una pericia que determine, como sostiene la fiscalía, que la propiedad haya sido adquirida con dinero ilícito. Informó que fue comprada mediante una hipoteca. Además, señaló que la casa ya se encontraba embargada en los Registros Públicos por el juez Concepción Carhuancho desde el 27 de abril. Finalmente, explicó que la casa ha sido incautada, pero no decomisada. Según explicó, la incautación es una medida cautelar, mientras que el decomiso se produce una vez que se produzca la pena al investigado.

“Esta casa ha sido objeto de un embargo, ahora agregan una incautación. Esto debió desarrollarse en una audiencia para que tengamos derecho a la defensa. Esto no es un acto jurídico, es una venganza. Es una venganza de un señor al que el Tribunal Constitucional le ha dicho que su sistema de trabajo es inconstitucional”, declaró Nakazaki a los periodistas reunidos en las inmediaciones de la casa del expresidente.

En julio del 2016, la fiscalía también incautó propiedades del expresidente Alejandro Toledo, también investigado por lavado de activos en el caso Ecoteva: una casa en el balneario de Punta Sal y una oficina en Surco. Finalmente, también incautó la casa a nombre de la suegra del expresidente, Eva Fernanburg.

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