04 julio 2018

Caso Odebrecht: Ministerio Público negó el quiebre de la colaboración con Brasil

La Fiscalía sostuvo que todos los procesos de colaboración eficaz tienen “picos altos y bajos”.

El Ministerio Público negó que la Procuraduría General de Brasil (MPF, por sus siglas en portugués) haya suspendido la cooperación judicial con el Perú y descartó que exista cualquier intención de parte del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, así como de la propia constructora, de obstaculizar el proceso de colaboración eficaz. “Nos encontramos trabajando activamente en el marco de la cooperación jurídica internacional”, sostuvo el fiscal Hamilton Castro, quien lidera la investigación del caso Lava Jato.

El fiscal Castro agregó que todos los procesos de colaboración eficaz tienen “picos altos y bajos”, esto después de que La República señalara que el 3 de julio el MPF comunicó al Ministerio Público del Perú que suspendía la declaración que debía prestar este miércoles Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, exdirector del sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Según fuentes judiciales del mencionado diario, la misma respuesta negativa se dará a los pedidos para interrogar a Jorge Barata y entregar los archivos desencriptados de la Caja 2 de Odebrecht, conocidos como “Drousys” y “MyWayDay B”. Odebrecht indicó a este medio que no hará comentarios sobre si se suspenderá la colaboración entre el Perú y Brasil o si se enviarán los archivos desencriptados.

El Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht —conocida como Caja 2– era el departamento que gestionaba el dinero para pagar sobornos y financiar a los partidos políticos. Según IDL Reporteros, Marcos Grillo, operador financiero a cargo de generar recursos para la Caja 2 de Odebrecht, estimó los volúmenes de generación anual del departamento en alrededor de US$600 millones por año.

Acuerdo de colaboración

En línea con lo señalado por La RepúblicaIDL Reporteros señaló que Carlos Kauffmann, abogado de Jorge Barata, anunció que ha pedido a la Procuraduría General de Brasil que suspenda el pedido de dicha información porque la fiscalía ha incumplido el contrato. “Ese acuerdo [de colaboración] no se celebra … por una falta de voluntad de las autoridades peruanas. Jorge Barata siempre ha estado dispuesto a colaborar, él quiere celebrar el acuerdo”, anotó.

artículo relacionadoOdebrecht: fiscalía abrió investigación a PPK, Alan García y Alejandro Toledo por lavado de activos

Pese a eso, el fiscal superior Vela Barba ratificó que Odebrecht continúa colaborando con las autoridades peruanas. “Es falso que la empresa haya ‘pateado el tablero’ pues puede existir la percepción de que el proceso de colaboración se encuentre entrampado, pero todo ello es parte de un proceso normal de negociación y existen los mecanismos legales para superar dichos impases”, agregó.

Castro reiteró que, por mandato legal, debe corroborarse la información ofrecida en un proceso de colaboración eficaz, como paso obligatorio antes de suscribir un acuerdo final y someterlo a control judicial. En el caso de Barata, precisó que el proceso de corroboración implica la necesidad de cursar asistencias de cooperación judicial internacional a otros países y solicitudes de información sobre cuentas bancarias, entre otros, lo que toma varios meses. El Ministerio Público estima que la firma del acuerdo final de colaboración eficaz pueda tomar entre dos a dos años y medio.

La defensa de Barata aseguró que buscarán que no se entreguen las pruebas hasta que “todos estén protegidos”. “Me preocupa que estemos en un preacuerdo de colaboración y los testimonios sean utilizados en contra de los colaboradores y la empresa”, dijo Kauffmann. Previamente Odebrecht también ha rechazado la reparación civil de cerca de US$1,500 millones anunciada a fines de junio por el ministro de Justicia, Salvador Heresi.

En febrero de este año Odebrecht sostuvo a SEMANAeconómica que el proceso de colaboración eficaz con Barata no se verá directamente afectado por las diferencias entre el Estado peruano y la compañía brasileña. “Ésta es una decisión personal, no es una decisión corporativa”, indicó. En esa ocasión el procurador ad hoc Jorge Ramírez también sostuvo que aún si el autor del delito no llegara a un acuerdo con el Estado peruano respecto a la reparación civil, el fiscal fijaría “un monto [a ser aprobado por un juez] y cierra su acuerdo de colaboración eficaz”.

Artículos Relacionados