27 julio 2018

FMI: la corrupción es el mayor problema para hacer negocios en Perú

El FMI destacó que en el 2017 se registró una reducción de 0.8 puntos del PBI por el caso Odebrecht.

La trama de corrupción que se reveló tras la confesión de Odebrecht en el 2016 ya es un considerado como un riesgo macroeconómico, así se desprende del último reporte elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la Consulta del Artículo IV con Perú. El organismo multilateral advirtió “la corrupción ahora se identifica como el mayor problema para hacer negocios en Perú”.

A raíz del caso Odebrecht, el organismo explicó que la congelación de grandes proyectos de inversión —como el Gasoducto Sur Peruano— se tradujo en un recorte del crecimiento de la economía peruana: en 0.8 puntos del PBI en el 2017. Lo anterior significa que el PBI pudo haber crecido 3.3% en el 2017, y no 2.5%. El Banco Central de Reserva (BCR) estima que el efecto Lava Jato en el Perú significó US$1,000 millones en concesiones paralizadas y una reducción de entre 0.5 y 0.6 puntos del PBI en el 2017.

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El FMI señaló que aunque la corrupción está tipificada como delito en el código legal, la implementación y el cumplimiento de las leyes de corrupción relevantes tienden a ser débiles debido a ineficiencias en los controles, la investigación y los mecanismos de sanción. Identificó por ejemplo que existen deficiencias en la efectividad de la gestión de la inversión pública, como la evaluación y selección de proyectos y la coordinación y supervisión de los gobiernos subnacionales.

En abril pasado, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, manifestó que los resultados empíricos muestran que un alto grado de corrupción está asociado a niveles significativamente más bajos de crecimiento, inversión, inversión extranjera directa (IED) e ingreso tributario. En esa línea, en el último reporte el organismo hace un llamado a fortalecer la gobernabilidad, la transparencia y las medidas orientadas a combatir la corrupción.

“Sabemos que la corrupción mina la capacidad impositiva del gobierno y distorsiona el gasto, desviándolo de inversiones valiosas en esferas como salud, educación y energías renovables hacia proyectos que despilfarran recursos y ofrecen beneficios a corto plazo. Sabemos que actúa como un impuesto a la inversión, o incluso como un obstáculo más grave, debido a la incertidumbre sobre las demandas de futuros sobornos”, dijo en abril Lagarde.

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