06 noviembre 2018

Comisión Lava Jato recomendó denunciar a Toledo, PPK y Humala

La Comisión Lava Jato evaluó once proyectos y estimó sobrecostos por más de US$7,000 millones.

La presidenta de la Comisión Lava JatoRosa Bartra, continúa este martes la sustentación del informe final en mayoría, en el que se encuentran responsabilidades en tres expresidentes del Perú —Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski— representantes ediles y directivos de empresas peruanas. Además, se indica que las empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão y Camargo y Correa, junto a sus socias peruanas, generaron sobrecostos de US$7,401.6 millones.

“Desde marzo del 2014 se tenía conocimiento de la corrupción en las empresas de bandera brasileña. Se expuso una red de corrupción que involucró a Petrobras, funcionarios del gobierno y a directivos de diversas empresas, entre ellas, Odebrecht. Los proyectos se sobrevaloraban con la firma de adendas”, afirmó Rosa Bartra, quien también señaló que se acordó investigar once proyectos de los más de 40 que han ejecutado las empresas brasileñas en nuestro país.

Los proyectos investigados son Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Sur, Centro de Convenciones, Central Hidroeléctrica Chaglla, Proyecto Olmos, III etapa de Chavimochic, Alto Piura,Línea 1 del Metro de Lima Línea Amarilla, Vías Nuevas de Lima y el Hospital Antonio Lorena.

El informe de la Comisión Lava Jato encontró responsabilidades en los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Ollanta Humala Tasso por el proyecto de irrigación Olmos. Precisó que PPK habría cometido el delito de lavado de activos mientras se desempeñaba como ministro de Economía, dado que habría usado a la empresa Dorado Asset Management para recibir US$1 millón por asesorías a la Concesionaria Trasvase Olmos, donde estaba incluida Odebrecht. Sobre Humala se indicó que habría incurrido en el delito de negociación incompatible al participar en una transferencia de dinero a favor de la empresa H2Olmos.

El proyecto IIRSA Sur —en la que participó Odebrecht junto a sus socios Graña y MonteroJJC Contratistas Generales e ICCGSA— también fue cuestionado por la comisión. Se informó que el costo de este proyecto se incrementó de US$810 millones (monto de adjudicación) a US$3,163 millones (monto de ejecución actual) y que se encontró indicios de irregularidades y posibles delitos en los expresidentes Alejandro Toledo y PPK.

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La congresista Rosa Bartra también indicó que se encontraron indicios de la presunta comisión de los delitos de colusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y lavado de activos cometidos por Alejandro Toledo, por la negociación del contrato con la empresa Odebrecht. Igualmente, se acusó de presunta colusión en calidad de cómplices y de lavado de activos a Jorge Barata (Odebrecht); Marcos de Moura (Camargo y Correa); José Graña Miroquesada, Hernando Graña y Gonzalo Ferraro (Graña y Montero), entre otros.

En su sustentación también se recomendó denunciar ante la Fiscalía y la Contraloría al alcalde Luis Castañeda y a la exalcaldesa Susana Villarán por supuestos malos manejos en los contratos de la Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima. Bartra informó que, además, están involucrados los funcionarios Lucy Zegarra Flores, gerente de Promoción de la inversión privada de la primera gestión de Castañeda; Domingo Arzubialde, gerente de la gestión de Villarán; Jaime Villafuerte, gerente de Promoción de la gestión de Castañeda y Víctor Madueño, subgerente de Promoción de Castañeda.

De otro lado, se recomendó investigar al exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo por el delito de colusión agravada. Según la presidenta de dicho grupo investigador Rosa Bartra, Cornejo dispuso la contratación de personajes como Mariella Huerta Minaya y Edwin Luyo Barrientos, en el proyecto del Tren Eléctrico, quienes al final otorgaron al buen pro de dicha obra al consorcio Odebrecht – GyM. No se encontró responsabilidad en el expresidente Alan García. “Ponerse el overol [de Odebrecht] no lo hace responsable”, dijo Bartra sobre García.

Recomendaciones adicionales

El informe también recomendó al Congreso de la República emitir normas que estipulen que en todos los contratos de Asociación Pública Privada (APP) haya cláusulas que indiquen que el pago por las obras, a través de certificados de reconocimiento de pago anual por obra (CRPAO) o la entrega en explotación del peaje, se haga efectivo únicamente cuando las obras se hayan iniciado o se haya cumplido con el avance mínimo acordado, respectivamente.

También se recomendó al Poder Ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, evitar la suscripción de nuevos contratos con cualesquiera personas jurídicas que estén exentas de cualquier tipo de control o de fiscalización. De manera especial exhortó a evitar contratar con personas jurídicas de derecho internacional eximidas de cualquier tipo de control.

Asimismo, sugirió a entidades como la Sunat, Contraloría General de la República, OSCE, ProInversión y SBS iniciar investigaciones internas a fin de determinar por qué no realizaron los servicios y mecanismos de control que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, les correspondía ejecutar. Solicitó ubicar y denunciar a los funcionarios públicos responsables. También solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) iniciar investigación para determinar porque Ositran y Osinergmin no realizaron actividades de regulación por la magnitud de los proyectos.

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