17 diciembre 2018

Congreso prorrogó exoneración del IGV para bienes importados en Ucayali y Amazonas

Sin embargo hoy el pleno eliminó ese beneficio y el reintegro tributario del IGV para la región Loreto.

El pleno del Congreso aprobó esta noche en primera votación, con 67 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, extender hasta el 31 de diciembre de 2019 la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para los bienes importados que se destinan al consumo de las regiones de Ucayali, San Martín, Madre de Dios y Amazonas. La norma fue exonerada de una segunda votación.

La ley aprobada establece que a partir del 1 de enero del 2020 la exoneración del IGV quedará sin efecto, con excepción de algunos bienes. Entre ellos están  los reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; así como máquinas, aparatos y material eléctrico, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión; además de vehículos automóviles, tractores, velocípedos y otros vehículos terrestres. Para estos bienes la exoneración se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2029.

Más temprano, el pleno aprobó eliminar el reintegro tributario del IGV y la exoneración del IGV para los bienes importados en la región Loreto.

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Según el proyecto aprobado, el dinero que recaudará la Sunat tras la eliminación de la exoneración será transferido a los gobiernos regionales de Ucayali, Madre de Dios y Amazonas. Serán S/67 millones para Ucayali, S/26 millones para San Martín, S/14 millones para Madre de Dios, S/10 millones para Amazonas y otros S/10 millones para las provincias y distritos de los demás departamentos de la Amazonía.

A partir del año 2030 los montos aumentarán en S/33 millones para Ucayali, en S/27 millones para San Martín, en S/5 millones para Madre de Dios, en S/1 millón para Amazonas y S/3 millones para las provincias y distritos de los demás departamentos de la Amazonía.

Los fondos serán transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los gobiernos regionales y serán depositados en un fideicomiso que será utilizado para financiar proyectos de inversión pública. Las transferencias se prolongarán hasta el 2049. La ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

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