19 diciembre 2018

IIRSA Sur: Poder Judicial incluyó a Graña y Montero como tercero civil responsable

También se incluyó a JJC Camet, ICCGSA y la Concesionaria Interoceánica Sur tramo II y III.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial declaró fundado el pedido de incorporación como tercero civil responsable de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales (JJ Camet), ICCGSA, Concesionaria Interoceánica Sur tramo II, Concesionaria Interoceánica Sur tramo III, GyM SA y Odebrecht Ingeniería y Construcción. Las empresas son investigadas en el marco del caso IIRSA Sur.

“Con esta resolución, dichas empresas asumirían de manera solidaria un eventual pago de la reparación civil por los daños causados al Estado en la adjudicación y ejecución de la referida obra”, anotó la Procuraduría. Previamente Graña y Montero también fue incorporada como tercero civil responsable en el Club de la Construcción y GyM SA —subsidiaria de Graña y Montero— en el caso Metro de Lima, en éste último caso también está incluido Odebrecht.

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La defensa técnica de Graña y Montero consideró que las empresas antes mencionadas no habrían participado, “ni mucho menos habrían tenido conocimiento” sobre el acuerdo ilícito efectuado por la empresa Odebrecht con el expresidente Alejandro Toledo. No obstante, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, declaró ante funcionarios del Ministerio Público en marzo del 2017 que sus tres socios en el consorcio Conirsa, que ejecutó los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, tenían conocimiento sobre los sobornos que habrían sido pagados para hacerse de la adjudicación.

La defensa de Odebrecht criticó que se usen las pruebas presentadas por la empresa para incorporarlos como tercero civil responsable, sin embargo, SEMANAeconómica supo que la empresa aún podría ser excluida por el acuerdo alcanzado con las autoridades peruanas. En tanto, la defensa de ICCGSA se opuso a ser incorporado como tercero civil, dado que no se habría cumplido con individualizar los daños irrogados a la parte agraviada.

Hasta el momento, la Procuraduría Ad Hoc ha fijado de manera preliminar el monto de S/200 millones por concepto de reparación civil en este proceso penal. “La cifra se va a incrementar conforme vayan avanzando las investigaciones que se encuentran en curso”, agregó la entidad encargada de resguardar la reparación civil.

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