20 diciembre 2018

Ejecutivo observó la ley de negociaciones colectivas en el sector público

La norma fue aprobada en octubre por el Congreso. El presidente Martín Vizcarra había adelantado que sería observada.

El Ejecutivo observó el proyecto de ley aprobado por el Congreso que regula la negociación colectiva de los trabajadores del Estado. Como se recuerda, el Tribunal Constitucional (TC) exhortó a legislar sobre esta materia en una sentencia del año 2015. En un oficio dirigido a Daniel Salaverry, el presidente Martín Vizcarra y el premier César Villanueva sostuvieron que existe una vulneración de esa jurisprudencia del TC.

En noviembre, el jefe del Estado había adelantado que observaría la ley.”La norma aprobada en el Congreso va a ser observada. Pero no es que estemos en contra de las negociaciones colectivas. Creemos que debe haber, pero una [ley] que permita también tener la seguridad de una responsabilidad presupuestal de las instituciones públicas”, le dijo el jefe de Estado a SEMANAeconómica en una entrevista.

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En dicha sentencia, el TC estableció que la ley de negociación colectiva para trabajadores del Estado debía aprobarse bajo los siguientes criterios: que la ley sea respetuosa del equilibrio presupuestal, que limite los incrementos remunerativos de modo que sea compatible con la capacidad presupuestal del Estado, limitad el poder de negociación colectiva en materia de salarios en etapas de crisis económica, financieras, austeridad y emergencia, entre otros criterios. En el oficio, el Ejecutivo advierte una vulneración de este mandato del TC.

Así, el gobierno observó que la regulación no tome en cuenta efectos presupuestales y tampoco analiza las consecuencias del costo fiscal. De otro lado, advierte que la ley establece diferentes niveles de negociación colectiva y que en todos los niveles es factible negociar las mismas materias. Sin embargo, para el Ejecutivo, considerando que el Estado y sus recursos son únicos, considera que eso no permitiría negociar de forma ordenada las demandas de los trabajadores. Por último remarca que la ley no es coherente con la política remunerativa del servicio civil.

También ha sido observada la derogación de un grupo de decretos legislativos que permiten al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tener a su cargo la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Estado y que están vinculados a la Ley de Servicio Civil y a la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir).  Derogar estas normas provocaría un crecimiento del gasto público sin control adecuado, mantendrá problemas como la falta de información exacta sobre el número de trabajadores en el Estado y sus remuneraciones. Finalmente, derogar esas normas eliminaría el marco legal que permite la existencia de Servir.

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