28 agosto 2019

Poder Judicial incluyó a Lamsac como tercero civilmente responsable por peajes

La empresa fue incluida en el juicio por reparación civil que se iniciará contra Domingo Arzubialde, exfuncionario de la MML.

La Corte Suprema declaró fundado este miércoles el pedido de la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para que la empresa Lamsac, concesionaria de la Vía Expresa Línea Amarilla, sea incluida como tercero civilmente responsable en el juicio por reparación civil que se iniciará próximamente contra Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión de la inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante la gestión de Susana Villarán.

Arzubialde fue condenado en mayo a cuatro años de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible. Durante la gestión de Villarán, Arzubialde autorizó que Lamsac aplicara una fórmula ilegal para ajustar la tarifa de peaje, según el Poder Judicial. La fórmula viene aplicándose desde el 5 de octubre del 2013. El juzgado también dispuso en esa ocasión la realización de un nuevo juicio para determinar la reparación civil, pues concluyó que la actuación de Arzubialde generó un beneficio para Lamsac, cuyo accionista mayoritario es la firma francesa Vinci Highways.

La procuraduría ha solicitado que Arzubialde y la compañía asuman el pago de una reparación civil de S/17 millones, pero el procurador Jorge Ramírez informó que evalúa incrementar el monto de la reparación civil que solicitará en el juicio.

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Antes de que el caso llegue a la Corte Suprema, dos instancias judiciales habían rechazado incluir a Lamsac como tercero civilmente responsable en el caso. En segunda instancia, el colegiado concluyó que Arzubialde es un funcionario del Estado y, por lo tanto, no tuvo vínculo alguno con Lamsac ni Vinci Highways. Esa también fue posición sostenida por la defensa de la empresa.

Para la procuraduría, por el contrario, sí existe una vinculación circunstancial entre Lamsac y Arzubialde. El motivo esgrimido por los abogados del Estado es que la empresa obtuvo un beneficio económico, pues se aplicóuna fórmula para ajustar la tarifa de peaje que fue propuesta por ella misma. “Hay un vínculo jurídico de tipo material”, concluyó el juez César San Martín al declarar fundada este martes la solicitud de la procuraduría. La decisión de la Corte Suprema ha materializado uno de los riesgos legales advertidos por SEMANAeconómica hace unas semanas.

En un comunicado, Lamsac remarcó que la casación de la Corte Suprema no implica que exista responsabilidad civil por parte de la empresa. “Utilizaremos todos los recursos legales que correspondan para demostrar nuestra ausencia de responsabilidad en el juicio civil que se le seguirá a Arzubialde Elorrieta”, añadió.

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