10 abril 2017

Ciudadanos sin ciudades

Lo hizo tras detectar dos cuentas bancarias a nombre del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, con US$13 millones.

Este gobierno viene perfilando una narrativa en torno al bicentenario que en un inicio se centró en un país libre de la indignidad de la corrupción, un país más justo y más próspero. A partir del nefasto fenómeno de El Niño costero, un nuevo atributo ha aparecido a propósito de la reconstrucción de las ciudades: mejor planificación. Y ya era hora de que le dejemos de tener miedo a esa palabra.

América Latina tiene una de las mayores tasas de urbanización a nivel global (casi 80% de la población vive en ciudades) y el Perú es parte de ese fenómeno. En nuestro caso, esta realidad no se ha reflejado a nivel administrativo ni jurídico. Si bien el fenómeno urbano es relativamente reciente, no lo es más que la Constitución de 1993 que sólo usa dos veces la palabra ciudad: una para decir que Lima es la capital y la segunda para decir que Cusco es la capital histórica (para ser precisos también hay dos menciones a municipios: una sobre su autonomía y otra sobre endeudamiento, pero municipio y ciudad no son lo mismo). Arreglos más modernos que permitan establecer mancomunidades para resolver los problemas propios de las grandes urbes, que les den la gestión de servicios relevantes para su competitividad, la calidad de vida a sus ciudadanos o accountability, no se incluyeron.

Comenzando con la reconstrucción deberíamos pensar modernamente y planificar bien nuestras ciudades. Una buena planificación de la ciudad es un ejercicio que permite que todos los niveles del Estado prioricen con visión de futuro y fuercen las articulaciones horizontales (entre distintas ciudades) y verticales. Esto último es clave para tener ciudades sostenibles y resilientes, pues la mejor información sobre los riesgos del cambio climático y de las tecnologías para afrontarlo no están al nivel de las ciudades ni en un sector en particular.

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En el BID venimos trabajando desde hace casi diez años un Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Allí hemos aprendido, entre otras cosas, que un planeamiento eficiente permite reducir un 50% de suelo de expansión con respecto a la tendencia y promover la densidad poblacional, lo que redunda en (i) reducir los costos de inversión en infraestructura urbana y provisión de servicios casi proporcionalmente, (ii) reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta en un 50%, (iii) reducir el número de viviendas ubicadas en zonas de riesgo, (iv) evitar inundaciones a través de drenajes eficientes y (v) algo que hoy día apreciaríamos mucho: acceder de manera continua (aún tras la presencia de desastres) a los centros de salud o zonas de albergues.

En la experiencia del BID, en la base del planeamiento adecuado está la identificación de zonas de riesgo y la planificación ambiental del territorio (no es casualidad, por ejemplo, que en el BID el último departamento en crearse fuera el de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible y que la División de Ciudades y Vivienda sea parte de éste).

Un planeamiento adecuado implica una inversión. Por suerte, el Perú hoy es más consciente que nunca de que esa es una inversión rentable. El costo del trabajo de planificación oscilaría entre US$1 millón a US$4 millones, dependiendo del tamaño de la ciudad. Esto es parte ineludible de lo que se debe invertir para tener ciudades dignas para los ciudadanos. Otro tema será contar con un brazo financiero que instrumentalice esta planificación, como es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en México o la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter) en Colombia, pero eso será materia de otra reflexión.

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