10 enero 2018

Indecopi multó con más de S/.9 millones a Repsol y otras 13 empresas

Empresas conformaron cartel y acordaron incrementar en cerca de 9.70% el precio de GLP en Chiclayo, según Indecopi.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi sancionó, en primera instancia, a 14 empresas de combustibles por incrementar el precio de gas licuado de petróleo (GLP) en 9.70% en promedio, entre diciembre del 2009 y noviembre del 2014. Cartel, que operó en la ciudad de Chiclayo, fue multado con S/.9.7 millones.

De acuerdo al Indecopi, a través de comunicaciones efectuadas entre las empresas, se fijó el precio de venta del GLP vehicular. “La práctica sancionada fue desarrollada a nivel de estaciones de servicio de GLP y gasocentros, cuyos principales clientes son los taxistas, dedicados al transporte de pasajeros”, informaron.

El organismo señaló que los cerca de 50,000 correos y registros electrónicos que fueron examinados por la Secretaría Técnica dan cuenta de un acuerdo secreto de precios entre las 14 empresas. Según la resolución del Indecopi, Coesti, subsidiaria de Primax, y la Compañía General de Combustible fueron las que recibieron las multas más altas, de S/.2 millones y S/.1.2 millones, respectivamente. También fueron sancionadas Solgas y Repsol, ambas empresas deberán pagar alrededor de S/.116,000 por la infracción.

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“Este sobreprecio impuesto a los principales clientes del producto (taxistas) representa una directa afectación a la competencia en el mercado de GLP vehicular en Chiclayo”, afirmó el Indecopi. La fijación concertada del precio de venta del mencionado combustible habría impactado en el costo del servicio de transporte de pasajeros de taxi y, en consecuencia, afectado al consumidor que utilizó dicho medio de transporte, en la medida de que los proveedores del servicio habrían trasladado dichos incrementos al consumidor.

La Comisión también ordenó como medida correctiva un programa para el cumplimiento de la normativa de libre competencia por parte de las empresas infractoras. El programa de cumplimiento tendrá una duración de tres años. Las medidas a adoptar incluirán  la designación por parte de cada empresa de un ‘oficial de cumplimiento’ (auditor) encargado del respeto de la normativa de libre competencia al interior de las empresas.

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