03 abril 2018

Reguladores: comisiones autónomas seleccionarían a miembros de consejos directivos

El Presidente designaría, entre los postulantes seleccionados, a los miembros de los consejos, según proyecto de ley.

Las facultades del Ejecutivo para elegir y designar a las personas que integran los consejos directivos de las entidades reguladoras (Osiptel, Ositran, Osinergmin, Sunass) recortarían para darle mayor autonomía a esas instituciones, de acuerdo con un proyecto de ley sustentado hoy en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso por Miguel Castro, congresista de Fuerza Popular.

La iniciativa legislativa plantea cambiar algunos artículos de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, particularmente aquellos referidos a sus funciones, consejo directivo, tribunales administrativos y política remunerativa. Asimismo, agrega nuevos artículos que apuntan a incrementar su autonomía, además de trazar lineamientos de transparencia y rendición de cuentas.

La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos señala que el consejo directivo está conformado por cinco personas. Según el texto de la norma, dos son propuestas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), una por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una por el ministerio al que pertenece la actividad económica regulada y otra por el Indecopi.

 

Sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala publicó en el 2012 un reglamento en el que se precisa que para elegir  a los presidentes de los reguladores debe realizarse un concurso público, tal como establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El comité de selección lo componen dos miembros propuestos por el titular de la PCM, uno por el titular del MEF y uno por el titular del ministerio al que pertenece la actividad económica regulada.

“La selección de los miembros del Consejo Directivo está sujeta a una comisión compuesta, entera y exclusivamente, por representantes del Poder Ejecutivo, lo cual genera el riesgo de que pueda afectarse la autonomía regulatoria”, advierte el congresista Castro en su exposición de motivos al identificar los problemas de la ley actual.

Por dicha razón, Castro propone que los miembros del consejo directivo sean evaluados y seleccionados  por una comisión de selección compuesta por representantes de organismos constitucionalmente autónomos mediante concurso público.

Uno sería del Banco Central de Reserva (BCR), uno de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), uno de la Contraloría, uno de la Defensoría del Pueblo y otro de la PCM. La resolución que nombra a los comisionados debe estar refrendada por el Premier.

Tras 90 días, la comisión envía una lista al Presidente de la República con un mínimo de dos y un máximo de cinco postulantes que deben tener las calificaciones aprobatorias más altas. El Presidente designa a los integrantes del consejo directivo del respectivo regulador entre las personas elegidas por la comisión. Si no se completa el número de postulantes mínimo, se lleva a cabo una nueva convocatoria.

La propuesta también señala que el periodo de un miembro del consejo directivo dura cinco años y puede volver a ser designado para un periodo adicional mediante concurso público. La comisión debe realizar la selección de modo que, secuencialmente, cada año se renueve a un miembro del consejo.

artículo relacionadoConcurso para elegir presidentes de tres reguladores quedó desierto

El proyecto del congresista Castro no precisa quién elige al presidente del regulador. En abril del 2017, SEMANAeconómica reportó que  tres de cuatro procesos de selección para elegir al presidente quedaron desiertos. “Ha habido demoras en la designación de los miembros del Consejo Directivo por parte del Poder Ejecutivo”, observa el parlamentario en su propuesta de ley. En el consejo directivo de Ositran existe una plaza vacante desde el 2013. El proceso fue convocado recién en septiembre del 2017.

Tribunales, funciones y remuneraciones

De otro lado, los Tribunales de Resolución de Controversias ahora se denominarán Tribunales Administrativos. Al igual que el consejo directivo, los vocales ya no serán propuestos por el Indecopi o por entidades del Ejecutivo como la PCM, el MEF o el ministerio vinculado al sector económico regulado.  Los vocales, de acuerdo a la propuesta, serán elegidos mediante concurso público y designados por el consejo directivo del regulador. Ninguno podrá tener conflictos de interés.

La iniciativa profundiza y desarrolla con detalle las función que deben desempeñar los reguladores a nivel de supervisión, fiscalización y sanción.Así, señala que los reguladores podrán dictar medidas que reconozcan el buen desempeño de las entidades o empresas bajo su ámbito para fomentar el cumplimiento de sus obligaciones. Respecto a las sanciones, la norma propone que las medidas correctivas tengan la finalidad de modificar conductas infractoras y que las multas sean fijadas según metodologías económicas que permitan transparencia y predictibilidad.

En lo que respecto a las remuneraciones, el cambio es sutil. La escala salarial seguirá siendo aprobada mediante un decreto supremo refrendado por la PCM y el MEF, sin embargo, la norma plantea que ésta decisión se tome a partir de una propuesta enviada por los reguladores.

Autonomía, transparencia y rendición de cuentas

De igual manera, la iniciativa del congresista Castro plantea añadir tres nuevos artículos sobre autonomía, transparencia y rendición de cuentas. Propone que el dinero recaudado por concepto de aportes por regulación sean destinados exclusivamente al sostenimiento institucional de los reguladores. Y, dentro de su presupuesto institucional ya aprobado, podrán aprobar sus propias medidas de austeridad y disciplina en el gasto, ingresos de personal y dietas, sin que se les puedan aplicar las fijadas en la ley anual del presupuesto.

También podrían aprobar, según el proyecto, sus reglamentos de organización y funciones y sus cuadros de asignación de personal. Sin dejar de mencionar que sugiere que sean los encargados de elaborar, aprobar, supervisar y publicar sus propios sistemas de análisis de impacto regulatorio y análisis de calidad regulatoria.

Por otra parte, deberán presentar un informe anual al Congreso en el que deberán dar cuenta de los avances logrados en su gestión y celebrar una audiencia pública de rendición de cuentas para informar a las empresas bajo su ámbito y a la ciudadanía. Los reportes deberán incluir, entre otros detalles, la contribución de las acciones regulatorias a la eficiencia y el desarrollo de los mercados.

Igualmente, el congresista Castro sugiere que tengan la obligación de publicar en sus portales de transparencia sus agendas regulatorias anuales, las actas de reuniones de funcionarios, las actas y sesiones del consejo directivo, entre otros documentos. Podrán, además, formar observatorios o comités consultivos temporales o permanentes que estén integrados por las empresas bajo su ámbito para recabar información sobre los mercados regulados.

Cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

Finalmente, el proyecto plantea en sus disposiciones complementarias cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Los organismos reguladores ya no podrían ser reorganizados, fusionados o cambiados de dependencia por decisión del Consejo de Ministros. Esta instancia tampoco podrá aprobar cambios al reglamento de organización y funciones de los reguladores, que aprobarán  los suyos bajo los lineamientos generales señalados por la PCM bajo su propia responsabilidad.

Otras modificaciones a la misma norma apuntan al objetivo de darle mayor autonomía a los reguladores. Según el proyecto de ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo debería establecer que los miembros de los consejos directivos son designados por concurso público llevado a cabo por una comisión integrada por organismos constitucionalmente autónomos.

Actualizado a las 6.19 pm del 4 de abril del 2018. Una versión anterior de este artículo omitió informar que, además de tomar en cuenta la Ley Marco de los Organismos Reguladores, actualmente los miembros de los consejos directivos de los reguladores son elegidos por concurso público, proceso que está señalado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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