04 octubre 2018

Línea 2 del Metro: Contraloría ratificó inhabilitar a exfuncionarios hasta por cuatro años

La medida incluye a Francisco García Calderón, expresidente de Perupetro; Gonzalo Ruiz Díaz, expresidente de Osiptel; y Carlos Puga, gerente general de la ONP.

El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, en una segunda y última resolución, confirmó la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de doce exfuncionarios, por distintos periodos.

Según el Tribunal, los sancionados, algunos exintegrantes del Comité ProIntegración de ProInversión que se encargaba de los procesos de concesión en infraestructura de transporte en el 2012, son responsables de autorizar el pago a Geodata Engineering por la entrega de 13 informes que conformaban los estudios de preinversión de la Línea 2 del Metro de Lima, sin exigir que estos hayan sido elaborados por profesionales colegiados, tal como se establecía en el contrato. La Contraloría sostiene que tampoco se cumplió con aplicar la penalidad a la mencionada consultora, que habría llegado a US$360,000, y en su lugar aceptar US$30,380 por el concepto de resarcimiento.

Caso por caso

Para los casos de Francisco García Calderón (expresidente de Perupetro), Carlos Puga (gerente general de la ONP), Gonzalo Martín Ruíz Díaz (expresidente de Osiptel), Evelyn Aliaga Vizcarra (exfuncionaria del MTC), Héctor Rodríguez, Harry Helden y Edgard Reyes (exgerente en AATE), el Tribunal redujo la sanción de inhabilitación del ejercicio de la función pública de cuatro a dos años.

Para Christy García-Godos, Yaco Rosas, Eldda Bravo y Javier Chocano, todos exfuncionarios de ProInversión, el Tribunal confirmó la sanción de inhabilitación por cuatro años. En el caso de Javier Illescas, exdirector ejecutivo de ProInversión, la sanción de inhabilitación pasó de dos a un año.

Con esta resolución del Tribunal de segunda instancia (la primera fue en abril de este año, por la Contraloría), se agota la vía administrativa. Los exfuncionarios pueden recurrir al Poder Judicial.

Los fundamentos de las apelaciones

Los exfuncionarios inhabilitados, en sus apelaciones, alegaron que el caso fue revisado por la Oficina de Control Interno de la Contraloría, la cual determinó amonestaciones verbales. Asimismo, el Comité ProIntegración contrató al Estudio Echecopar, el cual recomendó el resarcimiento del incumplimiento de la inscripción en el Colegio de Ingenieros. Así, ambas partes determinaron una penalidad de US$30,830.

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Además, se indicó que los informes mencionados no tienen cuestionamiento técnico alguno y cumplieron con el propósito de continuar con el proceso de promoción de la Línea 2 del Metro de Lima. Algunos exfuncionarios de ProInversión también indicaron que la falta de colegiatura de los ingenieros involucrados (profesionales extranjeros) no incidió en la calidad de los informes.

Entre los argumentos de las apelaciones, también se hace mención a la Ley 29622 que establece algún grado de discrecionalidad en los funcionarios públicos e indica que las acciones de control no pueden cuestionar el ejercico de esta potestad discrecional.

La situación de Puga

En un comunicado público, Carlos Puga informó que puso a disposición su cargo de gerente general de la Oficina Nacional Previsional (ONP). “La sanción impuesta considero que es abusiva, injusta, arbitraria e ilegal. Ha sido impuesta sin la debida motivación y no ha merituado adecuadamente los descargos efectuados […] Me concentraré en revertir esta decisión por la vía judicial”, indicó.

Respecto a la falta aducida por la Contraloría (que los consultores encargados de los estudios de preinversión de la Línea 2 del Metro de Lima no estaban debidamente colegiados), Puga señaló que “la Contraloría se olvida de que la finalidad de la contratación de una entidad pública con un privado no es cobrar penalidades, sino obtener un servicio de calidad y en la oportunidad requerida en los términos de referencia”.

Más coordinación

Según fuentes cercanas a ProInversión, esta entidad habría solicitado a la Contraloría una reunión para una mejor coordinación y comprensión de las funciones de ambas. El objetivo es establecer una metodología de trabajo conjunta.

*Esta nota fue actualizada en la noche del 4 de octubre , con la descripción de los alegatos de los exfuncionarios en su apelación.

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