06 diciembre 2017

G&M: SMV le pidió información sobre exdirectivos por cambios en el precio de la acción

La empresa respondió que el directorio no acordó tomar ninguna medida contra exdirectivos.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) solicitó información a la constructora Graña y Montero (G&M) luego de que el Poder Judicial dictara prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente del directorio, José Graña Miró Quesada y el exdirector Hernando Graña Acuña. En el caso del exgerente Gonzalo Ferraro Rey, a éste se le impuso prisión domiciliaria en una clínica por motivos de salud.

El pedido fue formulado a raíz de la volatilidad de los papeles de la empresa en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).”La información que viene difundiéndose al respecto podría estar influenciando de manera significativa en el precio, cotización y liquidez de las acciones de Graña y Montero, que se han registrado los últimos días”, explicó.

Por tal motivo le pidió “divulgar la información referida a las medidas dispuestas por el Poder Judicial contra sus ex directivos [José Graña  y Hernando Graña] y actual Gerente Corporativo de Desarrollo de Negocios [Gonzalo Ferraro]”. Asimismo, solicitó informar sobre las medidas que adoptará con respecto a los tres ejecutivos.

G&M respondió que sólo tiene conocimiento de las medidas dispuestas por el Poder Judicial por lo que se difundió en los medios de comunicación. “La decisión formal, es decir la resolución escrita, sólo ha sido notificada a sus destinatarios y no involucra por tanto a Graña y Montero”, explicó en un hecho de importancia.

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De otro lado, aclaró que Gonzalo Ferraro ya no es gerente ni trabajador de la empresa “por lo que no tenemos medida alguna que tomar”. Asimismo, afirmó que “el Directorio de Graña y Montero no ha acordado adoptar medidas contra los ex funcionarios”, pues la orden de prisión preventiva “no es una decisión de fondo, ni material; ni supone la confirmación de un hecho, delito, suceso, ni premisa de ningún tipo”.

Finalmente, la empresa insistió en que la decisión contra los ex ejecutivos “es desproporcionada teniendo en cuenta las alternativas con las que el Poder Judicial contaba”.

 

 

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