19 enero 2018

SMV plantea modificaciones al reglamento de sanciones

El regulador establece un plazo de nueve meses para la resolución de procesos sancionadores.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) prepublicó modificaciones al reglamento de sanciones de la entidad. Se trata de un proyecto que establece un plazo de nueve meses para la resolución de procesos sancionadores y ratifica que el tope para las multas para las empresas que cometan infracciones graves es de 700 UIT.

De esta forma, las empresas que presenten información inexacta, falsa o tendenciosa al mercado, proporcionen señales falsas o engañosas respecto de la oferta o demanda de un valor para beneficio propio, o realicen cualquier acto, omisión o práctica que atente contra la integridad o transparencia del mercado de valores, pueden enfrentar multas hasta por S/.2.9 millones, de acuerdo con el valor presente de la UIT (S/.4,150).

En el caso de sanciones graves en la administración del sistema de fondos colectivos, propone que las multas tengan un tope de 100 UIT.

El organismo presidido por José Manuel Peschiera también incorpora nuevos criterios que deben aplicarse para la prescripción y caducidad de un procedimiento sancionador.

En el caso de la prescripción de las infracciones, la SMV indica que la facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en cuatro años. De otro lado, dispone que el plazo para resolver los procedimientos sancionadores es de nueve meses, contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. “El plazo anterior puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres meses, para ello la Intendencia General de Cumplimiento o el órgano sancionador correspondiente debe emitir resolución debidamente fundamentada”, se lee en el proyecto, prepublicado en El Peruano.

Además, se hace un mayor desarrollo sobre qué debe contener las denuncias formuladas a la SMV. En el proyecto se señala que para presentar una denuncia se debe exponer claramente lo siguiente:

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* La relación de los hechos.

* Las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan la constatación de los hechos denunciados.

* La identificación de los presuntos autores, partícipes y perjudicados.

* El aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación así como cualquier otro elemento que permita la comprobación de los hechos denunciados.

Sobre los derechos del investigado y medios probatorios, se sostiene que antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador o durante cualquiera de sus etapas, los órganos competentes de la SMV pueden interrogar al investigado o tomar declaraciones testimoniales a cualquier tercero, las cuales pueden ser grabadas, debiéndose informar al administrado, de manera verbal o escrita, que su declaración será grabada.

“Al testigo que, sin justificación, no comparece a una citación o se niega a responder al interrogatorio, puede imponérsele una multa coercitiva de hasta cinco UIT [S/.20,750]”, se señala en el proyecto normativo. El monto se duplicará si el investigado persiste en negarse a declarar, en caso confiese su culpabilidad, tal hecho se considerará una atenuante. La SMV recibirá observaciones y comentarios hasta el próximo 2 de marzo.

*Una versión anterior de este artículo mencionaba que la propuesta normativa de la SMV elevaba las multas por infracciones de 300 a 700 UIT. En realidad, este tope de 700 UIT ya se había establecido en una ley publicada en el 2013.

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