14 febrero 2017

Retención de transferencias a empresas corruptas se aplicará a la venta de Olmos

Si se aprueba la venta de la participación Odebretch, tendría que pasar por la Procuraduría y el Ministerio de Justicia.

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, señaló que la venta del proyecto Olmos, operado por Odebrecht, deberá pasar por el proceso que el nuevo decreto de urgencia 003-2017 establece para las empresas que hayan sido sentenciadas por corrupción o que hayan admitido cometer ese acto.

La venta del proyecto de irrigación y trasvase Olmos, acordada entre Odebrecht y las multinacionales Brookfield y Suez, aún no se hace efectiva, pues el Consejo Regional de Lambayeque rechazó la transacción el lunes pasado. La aprobación del gobierno regional era el único paso pendiente para completar la venta.

Debido a las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo para la lucha contra la corrupción, si el gobierno regional optara por aprobar la transacción, Odebrecht no podrá retirar los ingresos que genere de la venta y deberá obtener la aprobación de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para concretar la venta.

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El Decreto de Urgencia 003-2017, publicado hoy, define que en el caso de que una empresa esté sentenciada por un acto de corrupción o lo haya reconocido, no podrá retirar ningún activo al exterior. De igual modo, en caso de que exista una venta de los activos, ésta tendrá que ser aprobada a través de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Zavala declaró a RPP Noticias que esta medida busca cautelar los intereses del Estado, preocupación que manifestó Consejo Regional de Lambayeque al rechazar el intento de venta del proyecto de la firma brasileña a Brookfield y Suez. Esta decisión se mantiene aún pendiente.

El primer ministro también indicó que el decreto de urgencia busca garantizar que las operaciones del proyecto continúen y asegurar que la concesionaria cumpla con las obligaciones a proveedores, acreedores y trabajadores.

“Estamos facilitando que no se paralicen las obras de inversión pública en la que estas empresas están involucradas ya que tenemos trabajadores, proveedores y acreedores que no tienen que pagar por la corrupción de funcionarios o empresarios”, agregó Zavala.

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