04 mayo 2018

Ejecutivo plantea expandir el régimen laboral y tributario del agro a los sectores acuícola y forestal

El gobierno también propone ampliar la vigencia de la ley de régimen agrario por 21 años, hasta el 2042.

El gobierno planea extender la Ley N° 27360 —que establece regímenes laboral y tributario específicos para al sector agrario— hacia nuevos sectores: acuicultura y forestal. La propuesta legislativa también plantea extender la vigencia de la ley, que vence el 31 de diciembre del 2021, por 21 años más. El objetivo del gobierno es continuar el crecimiento sostenido del sector, generar puestos de trabajo formal y dinamizar las exportaciones.

La Ley de promoción del sector agrario, emitida hace 18 años, otorgó incentivos tributarios  —tasa fija de 15% de Impuesto a la Renta (tercera categoría)— y flexibilizó el régimen de contratación laboral del sector —contratos temporales por periodos de tiempo indeterminados, con remuneración diaria no menor de S/.16 (más de cuatro horas diarias en promedio) y vacaciones de 15 días—. A diferencia del régimen laboral común, la ley estipula que la compensación por tiempo de servicios (CTS) y las gratificaciones están incluidas dentro del jornal de los trabajadores contratados bajo este régimen.

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Otros sectores

Para el sector acuicultura, en el 2016 se publicó el reglamento de la Ley General de Acuicultura que buscaba el desarrollo del sector a través de la creación de hipotecas acuícolas y la ampliación de las líneas de crédito del Fondo de Desarrollo Pesquero (Fondepes). En el 2017, las exportaciones del sector acuícola crecieron 16% por el mayor envío de langostinos y truchas. Para este año se estima que la tendencia se mantenga por la mayor producción de dichas especies (10% y 9%, respectivamente) tras la recuperación del impacto del Fenómeno El Niño.

Con respecto al sector forestal, el Ejecutivo ha emitido varias normas durante el 2017 para reactivar este sector que ha estado en crisis desde hace varios años. Así, se aprobaron los decretos legislativos 1283 y 1319, que buscaban otorgar rápidamente las concesiones forestales y permitir al Osinfor —organismo fiscalizador del sector— un mayor control de los planes de explotación de la regiones. Sin embargo, según diversos empresarios del sector, las medidas son insuficientes porque persisten problemas como falta de concesiones grandes que atraigan inversiones, sobrerregulación a lo largo de la cadena de comercialización y las corrupción de las autoridades regionales.

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