21 septiembre 2018

Comisión Agraria propone tratamiento diferenciado a deudores de Agrobanco

La Comisión Agraria aprobó un dictamen que busca un “tratamiento especial” a agricultores con hasta 5 hectáreas.

La Comisión Agraria del Congreso aprobó, por unanimidad, un dictamen en el que autoriza al Banco Agropecuario (Agrobanco) a escindir de su cartera deteriorada a través de un aporte de capital del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El aporte de capital sería de hasta S/100 millones, monto previsto para Mi Agro, entidad que según la iniciativa del gobierno reemplazará a Agrobanco.

El presidente de la Comisión Agraria, Federico Pariona, señaló que se otorgará un “tratamiento especial” a la deudas de los pequeños agricultores. Así, según el dictamen al que accedió SEMANAeconómica se dispone que los agricultores que tengan hasta 5 hectáreas tendrán un tratamiento especial, ya que solo pagarán el capital de la deuda, mientras que los que tienen más de 5 hectáreas tendrán que pagar el capital más los intereses.

“En el caso de los créditos otorgados a los micro y pequeños productores agropecuarios que se encuentran dentro del patrimonio escindido, el Directorio de la empresa escindida establecerá las políticas destinadas a hacer efectiva el cobro solo del capital”, se señala en el dictamen.

Además se indica que a efectos de reducir los costos de producción, “aplícanse los fondos y fuentes de financiamiento de apoyo a las micro y pequeñas empresas creados mediante el Decreto Legislativo N° 1399, Decreto Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y crea el Fondo Crecer, la Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, a través del Agrobanco para financiar la actividad del micro y pequeño productor agropecuario”.

Se agrega que el micro y pequeño productor agropecuario que haya cancelado la deuda, o se encuentre acogido a un refinanciamiento de deuda hasta el 31 de julio de 2019, o haya conciliado o celebrado una transacción extrajudicial con el Agrobanco, o demuestre interés en honrar su deuda, “podrá será considerado en la aplicación de los fondos”.

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“Este proyecto recoge principalmente lo de la iniciativa 1907, ya que la propuesta del Ejecutivo no asegura la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ni que los créditos sean más baratos, ya que no están exoneradas del IGV”, remarcó Pariona a Gestión. El proyecto de ley 1907 indica que Agrobanco conducirá un proceso de escisión con el objeto de “segregar un bloque de su patrimonio a fin de administrar la cartera de créditos que el banco decida escindir”.

El parlamentario anotó que espera que el dictamen sea incorporado en la agenda del Pleno del Congreso “por la urgencia”. Recordó que Agrobanco está a punto de entrar al régimen de vigilancia de la SBS, lo que a su juicio podría darse en octubre si no se añaden más recursos. A mediados de septiembre la jefa de la SBS, Socorro Heyse, indicó que hay que tener cuidado en cómo se hace una escisión de activos, ya que se podría desencadenar el régimen de vigilancia.

Cabe indicar que, con la finalidad que Agrobanco no entre a un proceso de vigilancia, el MEF realiza aportes al patrimonio de la entidad financiera, en alrededor de S/30 millones por mes. Dichos recursos no pueden ser destinados para nuevos préstamos.

Cabe destacar que tiempo atrás la SBS explicó que cuando una entidad financiera presenta serias debilidades (de capital, liquidez, entre otras) la SBS impone un Régimen de Vigilancia que es un tratamiento reservado que le permite pedir acciones correctivas a la entidad financiera (con debilidades) y generar un espacio para (su recuperación y) no llegar a una etapa peor como la intervención y el cierre de la entidad financiera.

En el Régimen de Vigilancia se solicita un plan integral para corregir las debilidades detectadas en la entidad financiera, buscando corregir el problema puntual ligado a capital y liquidez, y las causas que originaron el mismo asociadas a la gestión de riesgos y a la gestión administrativa. Según la normativa vigente el régimen de vigilancia tiene una duración no mayor de 45 días, que puede ser prorrogado por un período idéntico, por una sola vez.

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