22 mayo 2017

MEF: adenda de Chinchero hubiera generado un ahorro de hasta US$340 millones

Informe de Contraloría también afecta la institucionalidad de las APP, según el ministerio.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contradice a la Contraloría sobre el caso Chinchero. En un comunicado, el ministerio afirma que la adenda 1 al contrato de concesión del aeropuerto —que quedó sin efecto, por decisión del gobierno— no hubiera generado un perjuicio económico, sino un ahorro de costos para el Estado, que podrían oscilar entre US$245 millones y US$340 millones.

En su informe, la Contraloríca calculaba que la adenda, de ser ejecutada, hubiera causado un perjuicio económico al Estado por US$40.6 millones. De acuerdo con el MEF, la entidad fiscalizadora hizo este cálculo sobre la base de un estudio teórico de ProInversión.

“El cálculo del perjuicio económico realizado por la Contraloría se basa en una comparación entre la adenda 1, con un documento interno de ProInversión (“Modelo Económico”), que no fue recogido por el contrato de Concesión… No hay justificación técnica ni legal para comparar la adenda 1 con los supuestos del Modelo Económico”, explica el MEF.

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El ministerio también niega que la adenda 1 altere la asignación del riesgo financiero entre el Estado peruano y el concesionario Kuntur Wasi, pues “en todo momento era el MTC quien estaba obligado a asumir el repago al concesionario del costo de la obra, más sus intereses”.

Institucionalidad de APP

En el mismo comunicado, el MEF advierte que el informe de Contraloría afecta la institucionalidad de las Asociaciones Público Privadas (APP) y del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, debido a que cuestiona la discrecionalidad de las decisiones técnicas de los funcionarios públicos.

El titular de la Contraloría, Édgar Alarcón, precisó el lunes que diez funcionarios públicos serán denunciados ante el Ministerio Público. Dos trabajan en el MEF.

Al respecto, el ministerio indicó que la Contraloría “utiliza elementos subjetivos para determinar responsabilidades penales”, y no ha acreditado indicios de actos dolosos de esos funcionarios.

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