13 mayo 2019

Club de la construcción: Fiscalía solicitó ampliación de investigación contra Graña y Montero y otras 16 empresas

El Ministerio Público investiga a las constructoras por presuntamente ‘turnarse’ la adjudicación de obras viales licitadas por el MTC.

El Ministerio Público decidió solicitar la ampliación de la investigación preparatoria seguida contra exfuncionarios públicos y representantes empresariales por el denominado ‘club de la construcción’ e incorporar a 17 empresas, entre las que se encuentran Obrainsa, CosapiGraña y Montero y la constructora San Martín Contratistas Generales. Además solicitó la incorporación penal de 16 empresas, ambas medidas deben ser aprobada por un juez.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, las empresas que se beneficiaban de la buena pro obtenida en Provías Nacional debían pagar  una comisión de 3% del valor referencial de la obra al exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez (2.35%), Rodolfo Prialé de la Peña (0.15%), quien fungía de representante de las empresas, y a los miembros del Comité (0.5%). El Ministerio Público también ha identificado procesos en los que “se tiene un alto grado de probabilidad de probabilidad de que se hicieran pagos a Prialé”, y en los que la mayoría de casos se habrían concretado a través de contratos simulados y transferencias bancarias.

Por ejemplo, el Ministerio Público indica que el consorcio Vial Santa Rosa —integrado por OAS, Mota y Upaca— se adjudicó la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima, Canta, La Viuda, por un monto ce S/319 millones, que representó un 9% más que el valor referencial. Tras la adjudicación se habría realizado transferencias de dinero a la empresa Corporación El Diluvio, con sede en Panamá y relacionada a Rodolfo Prialé de la Peña. De otro lado, el Consorcio Cajamarca 2 —conformado por Queiroz Galvao, Camargo y Correa y la empresa Reyna—habría realizado los pagos en la oficina de San Isidro de Queiroz Galvao luego de que se adjudicaran el mejoramiento de la carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca.

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“El pago se hacía mediante transferencias bancarias a cuentas de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con Prialé, o como contraprestaciones en el marco de contratos simulados celebrados por sus propias estructurales empresariales con Granja Juan Diego Vasco SAC, Terrapuerto Wari SAC, Agro Negocios Procam, Lual Contratistas Generales SAC, PYP Proyectos y Contratistas Generales SC y Ral Contratistas y Servicios Generales, vinculadas a Prialé”, reiteró el Ministerio Público.

En un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), San Martín Contratistas Generales indicó que su incorporación a la investigación preparatoria “no determina responsabilidad penal ni sanción penal” para la compañía, “ni le genera ningún menoscabo o efecto sustancialmente adverso”. Una fuente sin autorización para declarar por estar involucrada sostuvo que de aprobarse la incorporación penal las empresas podrían enfrentarse a escenarios como no volver a contratar con el Estado o, de encontrarse responsabilidad, que se proceda a la disolución.

De otro lado, la Fiscalía también pidió 18 meses de prisión preventiva para José Paredes Rodríguez, hermano del extitular del MTC, Carlos Paredes, José Fernando Castillo Dibos, expresidente de IGGSA, Edgard Unzueta Zegarra, representante de Andrade Gutierrez, y Javier Lei Siucho, representante de Constructores y Mineros Contratistas Generales.

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