06 junio 2019

IIRSA Sur: Odebrecht y Graña y Montero fueron incluidos como terceros responsables

El Poder Judicial también aceptó incluir a las constructoras JJC Contratistas Generales e ICCGSA en las investigaciones.

La Primera Sala de Apelaciones Anticorrupción declaró fundado el pedido de la Procuraduría Pública para incorporar como terceros civilmente responsables a las cuatro empresas que formaron la concesionaria Interoceánica Sur – tramo 2 S.A: Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA). Su gerente era Luiz Fernando de Castro Santos.

Así, el 10 de abril, el primer juzgado de investigación preparatoria anticorrupción había declarado fundado en parte el requerimiento de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, cuando incluyó como tercero responsable a la concesionaria, pero no a las empresas que la conformaban. También señaló que no existía ningún vínculo entre De Castro Santos y las empresas.

Cabe resaltar que las investigaciones del denominado “Caso Ositrán” giran en contra del exgerente de Ositrán, Héctor Kuang Salas, por presunta negociación incompatible y alternativa de colusión en agravio del Estado. También se encuentran investigadas 22 personas, de las cuales 11 eran funcionarios de este organismo.

Asimismo, la Contraloría de la República ha señalado que el perjuicio patrimonial en contra del Estado asciende a S/182’185,907 en este caso. Este perjuicio se habría generado en tres momentos: irregularidades en los tramos Hualla Hualla, Huayllayoc y Ocongate, en el trato indebido y en el incremento de gastos generales.

artículo relacionadoGraña y Montero habría iniciado un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía

En ese sentido, la nueva decisión de la Sala de incluir a las cuatro constructoras mencionadas se sustentó en que, desde que se consorciaron y formaron otra empresa para la firma de la concesión, “les guió una única voluntad ilícita generadora del daño patrimonial y extrapatrimonial en perjuicio del agraviado que, en este caso, es el Estado peruano”.

“En suma, en el presente caso, se constata el vínculo entre el investigado Luiz Fernando de Castro Santos y las empresas constructoras y la Concesionaria Interoceánica Sur-tramo 2 S.A, verificándose también la generación de un daño en el ejercicio de una actividad de representación por tratarse de personas jurídicas”, sentenció la Primera Sala de Apelaciones Anticorrupción.

Por otro lado, Graña y Montero señaló a través de un Hecho de Importancia en la SMV que “esta decisión se ha tomado a pesar de que en este proceso no existe ninguna imputación específica contra Graña y Montero ni contra persona alguna relacionada a la empresa”. La constructora también resaltó que esta decisión no afectará el compromiso asumido por la compañía de mantenerse disponible a aportar a las investigaciones.

Asimismo, fuentes de la Procuraduría Ad Hoc aseguraron que la incorporación de dichas empresas no afecta el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, puesto que la constructora se comprometió al pago de una reparación civil por este caso y forma parte del acuerdo, según informó El Comercio. 

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