Política

Comenta el Director

Las buenas intenciones

Por Gonzalo Zegarra Mulanovich

07 de Febrero de 2012

En contraposición al título de la recientemente premiada película peruana Las malas intenciones, Yehude Simon ha invocado sus “buenas intenciones” para justificar su error de haberle salvado la cabeza al ex vicepresidente Omar Chehade cuando se votó la acusación constitucional en su contra (de la cual se libró en parte gracias a Simon). Pero ese recurso también puede gastarse, y Simon parece haber abusado ya de él. Su pretérita cercanía a organismos de fachada del MRTA –incluso para quienes no creemos que él haya sido culpable de terrorismo (SE 1143)– no le han impedido volver al primer plano de la política en el entendido de que se trató de un error bienintencionado. Ya como premier, su desastroso manejo del problema de Bagua –en que al mismo tiempo se “meció” a los protestantes y se dejó que bloquearan carreteras por dos meses (SE 1175, SE 1195)– también ha quedado como una negligencia bienintencionada. Y ahora lo de Chehade.

Pero la responsabilidad política es objetiva (SE 1067). En cualquier democracia del mundo cae un ministro por el error de un subordinado, incluso cuando tal vez no tenía idea del asunto. Por eso más allá de si hubo delito o no, Chehade perdió la vicepresidencia. En política, pues, es más que cierto aquello de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Se trata de un viejo dilema moral, éste de las intenciones. La idea de que la salvación del alma no sólo depende del resultado de las conductas, sino también de la intención con que se emprendan proviene de la escolástica del siglo XII, y concretamente del filósofo Pedro Abelardo, famoso más bien por su cinematografiado romance con su discípula Eloísa, que le costó la castración (y no hubo buena intención que lo salvara). La evolutiva aplicación al Derecho del principio abelardiano es un triunfo de la civilización, aunque lamentablemente empieza a declinar. En efecto, los fundamentos liberales del Derecho Penal y la responsabilidad extracontractual que sancionan sólo aquellos daños infligidos con dolo y/o culpa están hace varias décadas siendo dejados de lado para introducir cada vez más supuestos de responsabilidad objetiva (strict liability) en Derecho Civil, e innovaciones que la esconden en Derecho Penal, como la teoría del dominio del aparato de poder, muy conspicua en el Perú por su aplicación en la sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori (SE 1167).

La responsabilidad objetiva no conviene en Derecho porque éste puede coartar la libertad o afectar el patrimonio; por tanto, esas sanciones sólo se aplican a quien ejecuta un acto con conciencia y voluntad (o debiendo tenerlas). En política, en cambio, la peor sanción es perder poder o protagonismo; por ello sí procede la responsabilidad objetiva. Y ya que han aflorado acá las referencias fílmicas, vale mencionar que en estos días se puede disfrutar en Lima de hasta tres películas notables sobre los dilemas humanos del ejercicio de la política, incluyendo las buenas y malas intenciones y sus consecuencias: Poder y traición (The ides of march), J. Edgar, y La dama de hierro (por estrenarse el 16 de febrero). He visto las dos primeras y las recomiendo. Espero expectante la última.