MaritaChappuis
A tajo abierto Por Marita Chappuis

Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que lo único que pretende en el caso Doe Run es que le den más tiempo para solucionar la problemática en La Oroya, pues cuatro semanas son insuficientes. Pero también hay situaciones que no tienen una solución distinta al cierre, y éste puede ser el caso.

A principios de los noventa, la empresa estatal Centromin administraba este centro metalúrgico (CM) que se jactaba de poder procesar concentrados ‘complejos’ y producir más de veinte elementos, incluidos unos muy contaminantes, como el trióxido de arsénico o el talio, que se usa en veneno para ratas.

Los ingenieros de Centromin sabían que debían resolver tres problemas para modernizar el CM: el metalúrgico, el ambiental y el económico. El problema metalúrgico era que su ‘modelo de negocio’ era procesar concentrados ‘sucios’ —léase con muchos contaminantes— y la tecnología que se ofrecía en todo el mundo era para concentrados ‘limpios’, por lo que debían considerar un preproceso, quizás de naturaleza hidrometalúrgica. El problema ambiental era qué hacer con el ácido sulfúrico que se iba a producir y cómo trasladarlo sin peligro hacia el Callao. En tal sentido, los geólogos de Centromin salieron a buscar yacimientos de óxidos de cobre y de fosfatos, grandes consumidoras legales de este insumo. Digo “legales” porque el procesamiento de cocaína también lo utiliza. Es así como se descubre yacimientos interesantes de fosfatos en la cuenca del Mantaro. Se dice que el tema económico estaba resuelto porque Centromin había conseguido ahorrar US$80 millones, pero Carlos Boloña se enteró y, por apremios fiscales, les ordenó transferirlos a Hacienda.

Así se inicia el proceso de privatización con la intención de buscar un socio que capitalizara la empresa. En la etapa de consultas previas a la licitación, el postor Doe Run hace una pregunta específica sobre la contaminación de los suelos por plomo y recibe una respuesta ambigua. Doe Run había tenido que comprar casas e indemnizar a la población alrededor de su fundición en Missouri, por lo que conocía muy bien las implicancias en la salud de elementos como el plomo. Peñoles gana la licitación, y en las negociaciones pone en el tapete cómo reasentar la población circundante y no llega a un acuerdo con los negociadores de la Cepri y la buena pro es adjudicada a Doe Run, en octubre de 1997.

Centromin se queda con las obligaciones ambientales producidas durante su gestión, comienza a enterrar elementos peligrosos, y realiza estudios de cómo distribuir la limpieza del plomo en los suelos, pues Doe Run no había instalado elementos controladores, sino todo lo contrario: había aumentado producción e importado concentrados ‘sucios’ de todo el mundo. Por ejemplo, la mina Lepanto en Filipinas había buscado durante un año un procesador adecuado para sus concentrados antes de ubicar a La Oroya.

A comienzos del 2000, Usaid financia el viaje de una misión de expertos del CDC – Center for Disease Control & Prevention-, que emiten un informe lapidario sobre las condiciones ambientales de La Oroya. Pero la empresa logra ampliar los plazos perentorios para operar de forma ambientalmente segura. Esto ayudado por sus trabajadores, que pueden usar las máquinas de la empresa para cargar enormes piedras y así bloquear la Carretera Central.

En el 2009, la empresa cierra porque mantenía deudas por más de US$120 millones con varias compañías mineras. Los trabajadores comienzan a recibir, además de sus salarios, cursos que le permitan relocalizarse.

PPK y algunos de sus allegados han anunciado que necesitamos instalar refinerías en nuestro país, declaración que no ha sido recibida con mucho entusiasmo por los conocedores. Ellos saben que China, el gran consumidor, tiene varias fundiciones con capacidades mayores al millón de toneladas, mientras que el circuito de cobre de La Oroya no llega a 100,000. Además, el exceso de personal y el juicio arbitral que ha entablado su antiguo propietario al Estado peruano por más de US$800 millones los vuelve muy escépticos ante la posibilidad del relanzamiento de La Oroya. Se dice que la fórmula de solución no sólo pasa por elevar los límites ambientales, sino que los acreedores hagan borrón y cuenta nueva de los US$120 millones que se les adeuda.