MaritaChappuis
A tajo abierto Por Marita Chappuis

Se inicia el 2017 y la minería, al igual que todas las actividades económicas, debería fijar sus tareas para este año. Por su origen, éstas son externas o internas. Comenzaremos con el frente externo.

Como sabemos, nuestro país es un “jugador” muy importante en la minería mundial de metales básicos y preciosos (oro y plata). Los años del boom empujaron al gobierno y empresas a un crecimiento desordenado que ahora hace necesario resolver y hacer una planificación básica, preparándose para el próximo ciclo de precios más altos que, según los expertos, no va ser de la envergadura del que tuvimos en el 2003-2013. Según ellos, se espera entonces un boom menor en el 2019-2020.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR), debería utilizar las mejores herramientas disponibles a nivel mundial para definir las políticas que como top player debemos implementar. Por ejemplo, ¿es competitivo nuestro actual régimen tributario para exploraciones, operaciones, y ampliaciones?, ¿qué están haciendo otros países para atraer inversiones?, ¿qué medidas ambientales a nivel mundial podrían afectar la producción peruana?, ¿qué restricciones se implementarán para el transporte marítimo de concentrados, el uso y disposición del mercurio, contenidos de arsénico, etc. en el corto y mediano plazo?, ¿qué compromisos específicos nos demandará el OCDE?, ¿cómo están las Tasas Internas de Retorno (TIR) de nuestros proyectos en cartera, comparándolas con otros proyectos que también están en el pipeline mundial?, ¿cuáles son las particularidades de la inversión china?

A nivel interno, es obvio que la conflictividad social es lo que más está afectando la ampliación de nuestras operaciones. El adelanto social es una buena idea que se puede implementar rápidamente si tenemos un Perú Compras eficiente. Lo que ha sucedido en muchas municipalidades donde se desarrollan actividades extractivas es que pasan de administrar un presupuesto mínimo a uno de varios millones de dólares provenientes del canon, de un fondo social, etc. y obviamente no tienen los recursos humanos para administrar y gestionar una inversión pública adecuada. Por esta razón, caen en errores como construir monumentos, plazas de toros o piscinas gigantescas. Mientras esto ocurre, la población no percibe ninguna mejora a excepción de las obras que realiza la empresa extractiva directamente.

Mejorar la gestión y planificación dentro del MEM también es necesario porque todos los proyectos mineros que están en cartera tienen algo en común: son complicados y van a demandar una inversión de capital importante, si es que no se logra que compartan cierta infraestructura.

Por ejemplo, los proyectos que se ubican en Apurímac y Cusco pueden ser atractivos por su tamaño y contenidos metálicos, pero están muy lejos de cualquier puerto. Cuando a finales de los 70, el Estado tomó la decisión de abrir un nuevo frente minero (la cordillera oriental) y endeudarse para construir la mina Tintaya (el yacimiento más rico), lo hizo pensando que después tenía que construirse una fundición o, al menos, un centro de tostación que aliviara el costo de transporte de todos los yacimientos de la zona.

En Cajamarca, tenemos cuatro megaproyectos que comparten un área geográfica pequeña: Conga, Galeno, Michiquillay y La Carpa. Un experto ambiental recomendaría la construcción con la menor huella posible. Esto sólo se logra si comparten infraestructura (una sola concentradora, un solo depósito de relaves).

El partido mayoritario del gobierno regional de Cajamarca no se ha manifestado muy proclive a la actividad minera aduciendo que “la riqueza se la llevan”. Este partido, cuyos militantes administran la Derrama Magisterial y se acaban de comprar la cadena de librerías Crisol, no estaría interesado en que el Estado construya una planta concentradora que procese los minerales de todas estas minas, y así vigile ambientalmente la parte más sensible del proceso.

Esta alternativa sería win-win porque 1) regresaría la inversión a Cajamarca y puestos de trabajo para los jóvenes cajamarquinos, 2) el gobierno regional tendría asegurado un ingreso por la maquila y la vigilancia ambiental estrecha de las operaciones mineras. La concentración es la etapa productiva que más consume agua y estaría en sus manos.

A todo lo anterior habría que añadirle que el MEM tiene que organizarse teniendo en cuenta que su foco está fuera de Lima. Por lo tanto, debe tener una estructura organizacional que favorezca la relación con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. La actual estructura funcional no es la más adecuada para establecer vínculos más estrechos con las autoridades y poblaciones rurales.

Asimismo, estamos en el siglo XXI, siglo en el que se esperan los mayores conflictos por el agua. Bajo la tutela del MEM, está el Ingemmet, que debería cambiar su denominación a “Servicio Geológico Nacional” y utilizar los fondos que recibe de los derechos de vigencia de las concesiones mineras para mejorar la información geológica de disponibilidad de agua, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático en nuestro país.

La remediación de pasivos ambientales, el exceso de tramitología y el ordenamiento de la minería informal son otras tareas que el MEM tiene que realizar.