MaritaChappuis
A tajo abierto Por Marita Chappuis

En setiembre del año pasado, se presentó un informe sobre la competitividad de Argentina, Chile y el Perú en materia tributaria minera, que mostraba a Argentina como el régimen más atractivo, por su doble devolución durante la etapa de exploración, mientras que Chile era el menos atractivo.

Esta preocupación fue captada por el presidente chileno Sebastián Piñera, quien tomó el mando en marzo, y acaba de ordenar las primeras medidas para acelerar la ejecución de los proyectos mineros en cartera, que se estima en US$65,000 millones, iniciativas que son similares a las que tomó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) del Perú en el último año.

El gobierno chileno ha creado la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) que no sólo acompañará a los inversionistas sino que propondrá políticas para reducir trámites y aligerar la puesta en ejecución de los proyectos. Canadá y Australia tienen este tipo de oficinas, con resultados bastante alentadores. La asesoría del Viceministerio de Minas realizaba este encargo, que se pretende institucionalizar en una nueva Dirección General de Promoción y Políticas Mineras que se crearía en el MEM.

Otras medidas anunciadas por Sebastián Piñera son la actualización más frecuente del catastro minero; permitir que revisores independientes realicen inspecciones; tener una ventanilla única para obtener permisos ambientales y aceptar que en el trámite ambiental se omita considerar el pronunciamiento de instituciones cuando éstos no están fundados.

Nuestro catastro tiene un sistema mucho más moderno que el chileno y el otorgamiento de títulos no se demoraba más de tres meses, hasta que se dictó una ley para favorecer la forestación, cuya mala redacción ha incrementado este trámite a más de nueve meses.

En Chile se ha creado una Comisión Asesora para elaborar una política minera 2018-2050, para que los inversionistas sepan qué les depara en el largo plazo. Las exploraciones también están siendo estimuladas: el gobierno está preocupado por la falta de grandes descubrimientos desde hace 20 años. En nuestro país ocurre lo mismo: los yacimientos que afloran ya son conocidos. Se tiene que hacer más estudios para detectar yacimientos en profundidad.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet derogó el DL 600, que otorgaba estabilidad tributaria a los emprendimientos. El nuevo gobierno está estudiando el tema, así como las garantías para el cierre de minas, como remediar pasivos ambientales y la posibilidad de construir una nueva fundición que no sólo sea rentable sino que capture el 99% de gases y recupere por lo menos 14 metales.

El sustento para todos estos cambios es contundente: ningún país puede darse el lujo —y mucho menos uno que aspira a ser desarrollado— de mantener por años proyectos de inversión necesarios sin concretarse.

Competimos con Chile en la atracción de inversiones. Nuestro vecino se jacta de sus bajos niveles de corrupción y más infraestructura. En el último año, se han hecho muchos esfuerzos para lograr que los grandes proyectos avancen, como Michiquillay, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.