MaritaChappuis
A tajo abierto Por Marita Chappuis

El ministro de Energía y Minas viene promoviendo un Centro de Buenas Prácticas (CBP) como una plataforma, o espacio multiactor, en el que como primera medida se quiere aprobar la visión de la minería al 2030 (a través de una consultoría del BID). En líneas generales, se han incluido logros ambiciosos, como una armonía empresa-comunidad o la remediación de todos los pasivos ambientales, propuestas que definitivamente no encontrarán rechazo, teniendo en cuenta que el horizonte es de 12 años.

En Chile se ha trabajado una iniciativa similar, con el objetivo de incrementar la productividad y reducir las expectativas laborales, que han llevado a la minería de ese país a exhibir uno de los costos laborales más altos de toda la industria cuprífera mundial.

Llama la atención y le resta brillo a esta iniciativa, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que no es una isla de eficiencia ni está embarcada en ello, está acusada de tramitología excesiva, ya que no publica ni sistematiza toda la información que procesa, etc. Más de un participante en la plataforma exigirá un “comencemos-por-casa” y pedirá que se mida inicialmente el desempeño del ministerio.

El MEM tiene como misión plantear las políticas y regulaciones para los sectores minero-energético y promover las actividades sostenibles; sin embargo, mantiene una estructura funcional y procesos propios de la década de los 80, en un edificio de los 70, cuando los sectores eran 30 veces más pequeños. No tiene directores macro regionales, cuando es obvio que el director funcional tiene que estar complementado por un director macro regional.

Las industrias extractivas son altamente innovadoras tecnológicamente por lo que continuamente requieren regulaciones acordes a ello. Ésto se ha visto en las últimas semanas, cuando una empresa anunció que planeaba explotar un yacimiento de uranio y litio en Puno. No se tiene regulaciones al respecto, ni en elaboración. Chile y Argentina ya lo tienen.

El MEM no tiene un área de estudios de políticas que sistematice la información y la publique de manera transparente. Tampoco tiene un área que apoye a los grandes proyectos en la gestión de permisos (sólo un esforzado asesor). Estas dos áreas se encuentran en todas las organizaciones similares de otros países.

Otra “senectud” del MEM es que sus reglamentos son una mezcla de exigencias técnicas (algunas bien obsoletas) con procesos administrativos. En todo el mundo se regula separadamente; lo técnico, en normas que son actualizadas permanentemente de acuerdo a las innovaciones que aparezcan; mientras que los procesos administrativos son los prescritos por la ley de procedimientos administrativo general.

En el tema social, el MEM ha optado por la política del “golpecito en el hombro” porque no sistematiza y analiza el gran tema de este siglo: el agua. Si el MEM pretende ser un árbitro reputado en los conflictos entre la minería y la agricultura, tiene que saber con precisión cuán eficiente es la minera y el agricultor con el uso del agua. De otra manera no podrá aportar soluciones sostenibles.

La tramitología es lenta porque el MEM no cumple con la regla “20-80”, que señala que dentro del aparato estatal, sólo el 20% del personal debe ser administrativo. Por lo tanto, se debería reducir personal en ciertas áreas e incrementar el número de profesionales técnicos de alto nivel, capaces de revisar los expedientes para permisos de grandes obras. Los pasivos se van a remediar cuando se cambie la actual norma hacia soluciones inteligentes. Si no se hacen estos cambios regulatorios los pasivos al 2030 se habrán incrementado.

Cajamarca alberga el 60% de los proyectos mineros de esa cartera que a todo ministro de Energía y Minas le gusta enunciar. ¿El MEM ha elaborado alguna propuesta para los Gore de Cajamarca y Lambayeque que permitan la construcción de los cinco megaproyectos que están “durmiendo” en sus territorios? Construir un tren, represas de agua, empresas de capital mixto son varias las opciones que el MEM debería estar analizando para conversar con la clase política de estas dos regiones. Además de construir y concesionar infraestructura que alimente a varios proyectos y reduzcan los costos de inversión.

El futuro de la minería, antes del 2030, también depende de manera importante de la información geológica confiable que el Ingemmet construya y procese para la difusión de todos los interesados. En resumen, el MEM debe comenzar a hacer sus cambios al interior para retomar su liderazgo en el desarrollo del país y no sólo esperar que las decisiones de las empresas marquen la agenda.