MaritaChappuis
A tajo abierto Por Marita Chappuis

Comienzo este artículo explicando el por qué de este título. Durante estos últimos días hemos leído y escuchado opiniones que no toman en consideración que esta importante mina —Las Bambas— está en una región —Apurímac— con una geografía de “papel arrugado” que se disputaba el título de tener los índices de pobreza más altos del país.

Todos sabemos que la falta de infraestructura es el gatillador más fuerte de la pobreza. Sin embargo estas últimas semanas hemos sido espectadores de una discusión de por qué se construyó una carretera con un instrumento ITS y no con un EIA, etc. Una pregunta simple: ¿qué le conviene más a una comunidad ubicada “donde-el-diablo-perdió-el-poncho”: una carretera o un tubo grande enterrado?

Se dice también que se paga servidumbre por utilizar una propiedad de paso. El enunciado es correcto. Pero hagámoslo como mandan las leyes. Llevemos las diferencias a un tribunal. Podemos contratar asesoría legal para el efecto. Pero tratándose de terrenos comunales cualquier juez te va a pedir el voto mayoritario de los socios, por lo tanto no puedes expulsar a los que no están de acuerdo o amedrentarlos.

Para conseguir estos propósitos, que pueden ser totalmente justos, no se puede bloquear carreteras y lo que es peor secuestrar a inocentes. Proveedores de la minera se han escapado de los hoteles de Chalhuahuacho a media noche, huyendo por los cerros, en vehículos con las luces apagadas, exponiendo su vida.

Al parecer esta “bonanza” minera está gestando tres grupos de individuos a) los políticos o autoridades regionales que ante cualquier reclamo su respuesta a la minera será: “entrega X millones en obras para solucionar esto”. Que esta contribución “voluntaria” no esté escrita en ninguna norma no importa y que el político quiere mostrar obras para tapar su gestión ineficiente tampoco.

El grupo b) lo constituyen los “ambientalistas” que están cercanos al Ministerio del Ambiente (Minam) y todos sus contactos internacionales. Éstos serán los “talibanes” de las normas y sus formalidades, que defenderán estándares más duros que los europeos, conceptos desterrados por ineficaces como “el-que-contamina-paga”; etc. El Senace, que es la institución creada para aprobar los estudios ambientales, está escogiendo a su director. En cualquier parte del mundo esta institución hubiera hecho un proceso para escoger a un técnico de prestigio, para que fomente las mayores innovaciones tecnológicas que redunden en mejores prácticas en las empresas. Todo lo contrario: el único candidato que pasó a la segunda fase no es técnico.

Finalmente, el tercer grupo c)  los abogados “asesores” de sindicatos y de comunidades. La ley peruana debería incorporar, cuando se trata de “honorarios de éxito”, que los abogados informen al juez cuáles son las condiciones que han suscrito con sus clientes. Este modus operandi es usual en EEUU, pero está regulado de esta manera. Además la Sunat debería tener conocimiento.

En resumen, no creo en el pronóstico del BCR que este conflicto en Las Bambas no va a afectar a la economía.