MaritaChappuis
A tajo abierto Por Marita Chappuis

Cuando el Presidente Vizcarra mencionó que se tenía que modificar la Ley General de Minería porque era muy antigua era una media verdad; porque es cierto que el texto original data de 1992, pero se le han introducido numerosas modificaciones en todos estos años. Hace diez años me tocó participar con otros expertos en redactar una versión “ordenada” del texto original y sus modificatorias, consultoría que nos tomó más de 6 meses, aun cuando no cambiamos una coma del texto. En esa oportunidad detectamos más de 60 normas que la habían modificado. Lamentablemente el MINEM no lo publicó.

Cuando era ministro Luis Carranza, y la izquierda presionó por incrementar los impuestos a las mineras, especialmente por el concepto de “ganancias extraordinarias” (se había producido un fuerte aumento de las cotizaciones en los mercados internacionales); el MEF contrató a un experto internacional que había evaluado las tasas impositivas de las mineras en más de 100 países. A partir de sus conclusiones estableció nuevos impuestos.

Esta semana el ministro Oliva ha mencionado que no se cambiará la estructura impositiva de las mineras. Esto es obvio, porque existen varios estudios internacionales y nacionales, que dan cuenta que las mineras en Perú pagan más impuestos que en casi todos los países del mundo. Estudios de EY, o del Instituto Fraser están alertando sobre esto hace tiempo.

Representantes de la izquierda han difundido por Internet conceptos falaces, como que tal empresa no paga impuesto a la renta, sin mencionar que está depreciando la gran inversión que hizo. Mencionan también las devoluciones del IGV, que toda empresa exportadora lo recibe en todos los países. Todos sabemos que hasta a los turistas, se les devuelve el IGV/IVA de sus compras. También proponen que las concesiones de exploración se deberían otorgar ante la presentación de un estudio, sin mencionar qué tipo de estudio, y al ser el primer trámite el que hace el petitorio desconoce qué es lo que va a encontrar. Además que sería la aprobación totalmente subjetiva.

Publicar un nuevo texto “ordenado” es factible por el decreto supremo de 1992; pero una nueva ley minera tiene que seguir el proceso parlamentario destinado a las leyes orgánicas.

Lo que puede ayudar a las mineras y a todos los sectores que trabajan en las zonas rurales de nuestro país, es el anuncio presidencial que se impulsará las titulaciones y los caminos rurales.

Finalmente, llama la atención que nuestras autoridades desconozcan que existen varias normas que permiten al Estado repetir ante el funcionario, que ocasionó el pago de una indemnización por el cumplimiento de sentencias dictadas en tribunales internacionales. Deberían tener esto en cuenta cuando recomiendan quitarle las licencias a Tía María.