SusanaSierra
Compliance a la carta Por Susana Sierra

Todas las organizaciones están expuestas eventualmente a conflictos de interés y por ello necesitan estar preparadas para evitarlos, con el fin de que no generen daños reputacionales, financieros o incluso penales.

Dado que se habla tanto de los conflictos de interés, valdría la pena en principio incluir una definición: Según algunos expertos en la materia un conflicto de interés “es una situación donde un juicio o acción que debería estar determinado por un valor primario establecido por razones profesionales o éticas puede ser influido o parecer sesgado para obtener un beneficio secundario”.

Hay casos en los que la opinión pública considera conflictos de interés lo que no es. Y hay otros en los que las empresas ignoran o no les importa incurrir en conflictos de interés.

Veamos algunos casos. Uno de los que tiene mayor notoriedad es el de los funcionarios que pasan del sector privado al público, y viceversa. Cada cierto tiempo se informa, con una dosis de suspicacia, que tal o cual ministro, viceministro o director ha trabajado en una empresa que, tras su nombramiento, pasaría a estar regulada por la cartera en la que ahora ocupa un cargo relevante.

Las relaciones de parentesco o de amistad, tanto en el sector público como en el privado, también son señaladas cuando se habla de conflictos de interés, sugiriendo la existencia de algún favoritismo.

Otro caso muy recurrente en el que se alude al tema, es el de la gestión de intereses. Los acercamientos que tienen las empresas privadas con las autoridades están muchas veces bajo sospecha, a pesar de que las compañías invierten en el país, generan empleo formal y pagan impuestos, lo cual debería ser motivo suficiente para que el Estado esté dispuestos a escucharlas.

El hecho es que ninguna de las situaciones descritas tiene que representar necesariamente (esta última palabra es clave) un conflicto de interés. De serlo, la tarea de librarnos de uno sería titánica: no nos quedaría más opción que nombrar funcionarios públicos que nunca hayan tenido vínculos con el sector al que ingresan, lo que sería un despropósito; negar a la familia o a nuestras amistades; o que no exista relación alguna entre las empresas y el gobierno, lo cual sería sin duda contraproducente.

¿Qué se puede hacer, entonces? Salvo en los casos en que la ley o una norma indiquen expresamente una restricción, la cual debe ser acatada a rajatabla, los conflictos de interés se acaban cuando son declarados y comunicados de forma efectiva, es decir, oportunamente y en los canales correspondientes. Dicho de otro modo: terminan cuando la organización y sus funcionarios son transparentes.

¿Cuándo los conflictos de intereses pasan a representar un problema? Cuando, por el contrario, voluntaria o involuntariamente, no se informa de los mismos.

Los casos que hemos compartido tienen que ver normalmente con los altos mandos, pero los conflictos de interés también existen en mandos medios. En realidad, pueden aparecer en toda la organización. En algunas ocasiones esto ocurre de manera deliberada, lo cual es condenable, pero en otros por desconocimiento.

¿Cómo las empresas pueden evitar verse involucradas en un caso de conflicto de interés que, de ser identificado, podría ocasionarle un daño reputacional, cuando no un perjuicio financiero o incluso penal?

El primer paso para evitar tener complicaciones por conflictos de interés, tal como ocurre en cualquier proceso de Compliance, es conocer los procesos de la compañía e identificar los riesgos asociados a estos. A partir de allí se pueden establecerlas medidas necesarias para, precisamente, evitarlos.

Las áreas corporativas o comerciales (en caso la compañía licite con el Estado) deben tener una política de comportamiento en su relación con las entidades gubernamentales.

De otro lado, una política de regalos, en la que la empresa se asegure de que los mismos no influyan en la independencia de los remitentes, es pertinente para evitar verse involucrado en un conflicto de interés.

Las áreas de compras, por su parte, deben asegurarse de que todos sus equipos sepan quiénes pueden ser sus proveedores y quienes están impedidos de serlo y por qué razones.

En realidad, cada colaborador debe tener claro de qué manera podría involucrar a la compañía en un conflicto interés y qué acciones deben seguir para evitarlo.

A manera de resumen, las organizaciones deben estar más pendientes de sus actos. Hay que cumplir desde luego con lo que exige la ley, pero también diseñar y ejecutar protocolos claros y conocidos ampliamente al interior de las mismas.

De esta forma, las empresas podrían tener un rol importante en la construcción de una sociedad más transparente y en la que haya una mayor confianza entre los diversos actores.