Jorge E.Lazarte Molina
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

La discrecionalidad que tienen las municipalidades del país es una de las principales causas  de encarecimiento de las inversiones, afecta negativamente el ambiente de negocios y le resta competitividad a las empresas. No es inusual que las autoridades municipales transgredan límites legales al imponer obligaciones y limitar derechos, por lo que urge establecer mecanismos destinados a limitar su capacidad normativa.

El ejercicio de poder que tienen los gobiernos locales debe estar enmarcado dentro de funciones taxativamente previstas por el Congreso. Las municipalidades no pueden contar con un cheque en blanco para crear trámites o exigir cobros a su antojo. Mientras mantengan discrecionalidad para dictar libremente normas dentro de sus jurisdicciones, los ciudadanos y empresas estarán sometidos al criterio del funcionario municipal del momento.

Un ejemplo claro del uso desmedido del poder municipal es una reciente ordenanza publicada por el alcalde de Magdalena del Mar, que prohíbe el uso de cañitas de plástico en el distrito e impone multas de más de S/ 400 a los infractores. Mientras en el Congreso de la República se desarrolla un intenso debate por ver la manera de aminorar el uso de productos contaminantes para el medio ambiente, en Magdalena abrieron su propio libro de leyes y anotaron en él lo que mejor les pareció, atribuyéndose facultades que claramente no les competen.

Si cada municipalidad del país tuviera facultad para decidir qué productos pueden usarse o no en los establecimientos comerciales de cada distrito, viviríamos en un universo lleno de las más trilladas ocurrencias, sin ningún tipo de predictibilidad de lo que se puede o no hacer en cada rincón de la ciudad. Pero este es solo un ejemplo del rosario de disposiciones a las que nos tienen acostumbrados las municipalidades del país.

A pesar de la manifiesta ilegalidad del actuar municipal, las personas afectadas deben recurrir a jueces y tribunales para sortear sus efectos, asumiendo los altos costos que ello implica. Probablemente logren hacerlo luego de un innecesario desgaste de recursos y se determine que el alcalde y sus regidores son responsables y actuaron indebidamente, pero no son ellos quienes sufrirán los daños de su decisión; sino los empresarios que deban luchar contra estas medidas.

La responsabilidad civil y penal de los funcionarios públicos que contravienen las normas es un recurso que las empresas no están acostumbradas a utilizar pero que puede ser un efectivo remedio de mediano plazo contra el autoritarismo. Si las autoridades fueran conscientes de que decisiones arbitrarias pueden costarles una condena o afectar su patrimonio personal, quizá serían más cautelosas y analíticas antes de infringir la ley.

Para que ello ocurra el sector empresarial debe dejar de lado la tolerancia a la que se ha acostumbrado, denunciar el abuso y accionar contra los responsables. Si las autoridades municipales no sufren las consecuencias de sus malas decisiones normativas, nunca se generarán desincentivos para adoptarlas. Es deber del empresariado hacer responsables de sus actos a los funcionarios que infrinjan leyes para  lograr un cambio hacia un uso del poder más responsable.