Jorge E.Lazarte Molina
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Nos hemos malacostumbrado a la tramitología absurda— aquella que solo sirve para recaudar dinero – y pocas cosas nos sorprenden cuando se trata de exigencias del Estado. Esta mala costumbre nos ha hecho tolerantes frente a la burocracia y corremos el riesgo de perder la batalla frente a ella, si no somos conscientes de los errores a los que nos enfrentamos día a día.

Muchos trámites ante las entidades gubernamentales carecen de sentido y solamente sirven para captar recursos económicos, pero ninguno es tan grosero como el de la “habilitación urbana”, cuyo único propósito es cobrar aportes dinerarios a los propietarios de predios que buscan desarrollar proyectos inmobiliarios sobre ellos.

La habilitación urbana es un trámite que se sigue para convertir un terreno rústico en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua, desagüe, energía e iluminación pública; para lo cual se exige a los propietarios realizar aportes gratuitos y obligatorios al Estado, con supuestos fines de recreación pública y servicios complementarios, como salud y educación.

Claramente es un trámite que podría encontrar sentido para el desarrollo de proyectos en localidades que aún no han sido urbanizadas y que carecen de servicios básicos; pero resulta un absurdo cuando el terreno se encuentra en medio de una ciudad completamente desarrollada y con todos estos servicios implementados.

En casos como estos la ley condiciona el desarrollo de proyectos inmobiliarios a la obtención de una supuesta “habilitación”, que no es más que una ficción legal para permitir el cobro de aportes  equivalentes a un porcentaje del valor del terreno, que depende del proyecto a desarrollarse y que debe ser calculado sobre la base de su valor arancelario.

Sin embargo, la municipalidad Metropolitana de Lima ha venido cobrando aportes tomando como base el valor comercial del predio, de acuerdo a tasaciones realizadas por sus propios funcionarios; contraviniendo así el mandato de la ley y cobrando a las empresas peruanas mucho más dinero del que legalmente correspondía.

Recientemente esta práctica ha sido declarada ilegal por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, que ha ordenado a la comuna limeña abstenerse de exigir el cobro de aportes sobre la base de valores comerciales. De esta manera se busca corregir el error que se ha venido cometiendo durante años y se abre una puerta para que quienes pagaron aportes en exceso puedan demandar el reintegro de lo indebidamente cobrado por la autoridad municipal.

El sector de la construcción tiene una significativa importancia para el crecimiento del país. Si realmente existe voluntad por impulsarlo y dinamizar la economía, se deben eliminar todos aquellos trámites que ralentizan el desarrollo de inversiones y que solo sirven para captar dinero. Poner fin a las habilitaciones urbanas sería un buen comienzo para hacerlo.