Jorge E.Lazarte Molina
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

El costo de una fotocopia en cualquier establecimiento comercial es de S/ 0.10 en promedio. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) cobra S/. 5.00 por hoja, esto es, 50 veces más. Inscribir un contrato de compraventa puede costar 20 veces más que otro idéntico, solo si el valor de la propiedad que se vende es más alto —como si digitar ceros hiciera más costoso el servicio. Hacer búsquedas por internet es gratis en todo el mundo, pero la Sunarp cobra S/. 5.00 por cada búsqueda que se hace en su base de datos.

Que no quepa duda: las tasas que cobra la Sunarp son usureras. La Real Academia Española define la usura como la “ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo”. Es justamente el caso que las tasas de la Sunarp generan ganancias excesivas que permiten subvencionar el presupuesto del Ministerio de Justicia, que nada tiene que ver con los costos que deben asumir los usuarios de los servicios de los registros públicos.

En una reciente modificación normativa del año 2016, el gobierno dispuso que toda entidad de la administración pública debe reducir los derechos de tramitación de sus procedimientos administrativos si, como producto de su tramitación, se hubiesen generado excedentes económicos en el ejercido anterior.* Sin embargo los efectos de esta norma legal parecen ser ajenos a la Sunarp, que continúa cobrando las tasas más desproporcionadas que se han visto en el país.

En el 2009 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi dictaminó que las tasas que cobraba el Ministerio del Interior por la emisión de pasaportes eran ilegales, al no guardar una proporción racional con el costo del servicio. A raíz de dicha decisión, el Ministerio del Interior cumplió debidamente con disminuir significativamente sus tasas y demostró que es posible controlar los cobros que realizan las entidades gubernamentales, para evitar que los usuarios de algunos servicios del Estado terminen asumiendo una carga económica que no les corresponde.

Este ha sido el caso más emblemático de reducción de tasas  en la última década y gracias a él se generó un efecto dominó que permitió eliminar una serie de cobros ilegales que han venido efectuando diversas entidades administrativas. Recientemente el Indecopi ha determinado que los cobros de las tasas por servicios prestados por el Ministerio de Salud, la Marina de Guerra del Perú, decenas de municipalidades y otras entidades de la administración pública son ilegales y no deben ser cobradas porque no guardan proporción con el costo de los servicios que prestan.

Si bien el Indecopi ya se ha pronunciado en años anteriores sobre la ilegalidad de los cobros que realiza la Sunarp, esta ha logrado obtener un pronunciamiento judicial que le ha permitido blindar los cobros ilegales que realiza en perjuicio de todos los ciudadanos. ¿Hasta cuándo se va a permitir que las personas que necesitan realizar trámites en registros públicos asuman la carga económica del Ministerio de Justicia? Ya es hora de que algún ministro sincere esta situación de una vez por todas y ponga fin a la usura de la que son víctimas diariamente las personas y empresas que hacen uso de la Sunarp.

* Decreto Legislativo N° 1272