Jorge E.Lazarte Molina
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Siempre se ha sabido que la calle es un lugar público que está a disposición de los ciudadanos, en igualdad de condiciones, sin importar su poder económico; que nadie puede adueñarse de ella ni hacerla suya; y que no es posible gozar de beneficios que impidan al resto de ciudadanos usarla libremente. Las razones son obvias: se trata de un bien público, construido con fondos públicos, respecto del cual todos los contribuyentes tienen los mismos derechos.

Esta verdad indiscutible está siendo socavada por la Municipalidad de Lima, que viene entregando espacios en la vía pública para el uso particular de algunas personas. Es así que algunos distritos de la capital ya cuentan con restaurantes, oficinas, edificios de departamentos y hasta viviendas personales que se han apoderado de la calle para convertirla en estacionamientos privados, para su uso exclusivo y excluyente.

El supuesto sustento de esta práctica municipal, que por cierto es ilegal, se encuentra contenido en la ordenanza 1680, mediante la cual la Municipalidad de Lima ha introducido el concepto de “Zona Reservada” y lo ha definido como el área de la vía pública … delimitada por la autoridad municipal para el estacionamiento exclusivo de un beneficiario…”.

Amparada en este concepto, que no se encuentra reconocido en ninguna norma legal ni reglamentaria – salvo en su propia ordenanza – la Municipalidad viene cediendo espacios en la calle a sujetos particulares para su beneficio propio, a cambio de pagos anuales que son camuflados bajo el concepto de tasas por “señalización”.

De esta manera ha pretendido revestir de legalidad un acto que no es más que la simple comercialización de la vía pública, en favor de personas con poder económico suficiente para costear los pagos que la municipalidad les requiere y poner vigilantes privados que se encarguen de custodiar sus flamantes Zonas Reservadas.

La arbitrariedad de esta medida no es difícil de comprender. Si todas las personas pudieran hacerse de Zonas Reservadas frente a sus predios para convertirlas en estacionamientos privados, la calle dejaría de ser un lugar público y se convertiría en una extensión más de su propiedad para el uso exclusivo de algunos pocos.

La imposición de Zonas Reservadas por la Municipalidad de Lima es una medida discriminatoria, destinada a captar recursos a cambio de espacios en la vía pública, a la que sólo pueden acceder quienes tienen el poder económico para ello. Es tarea del Indecopi eliminar esta barrera burocrática de inmediato, que viene afectando a la amplia mayoría de personas y empresas en beneficio de una muy reducida minoría.