Jorge E.Lazarte Molina
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Desconozco quién fue el primero en hacer esta analogía, pero me pareció muy oportuna para ejemplificar lo que viene ocurriendo con los venezolanos que ingresan al Perú. La propuesta de construir un muro que separe México de los Estados Unidos para evitar el ingreso de inmigrantes fue mayoritariamente criticada en nuestro país por ser considerada discriminatoria.

Sin embargo, las reacciones de muchos compatriotas antes las nuevas restricciones que pretenden imponerse al ingreso de venezolanos no son consistentes con las críticas que lanzaron contra el muro de Donald Trump. En el Perú existe desde hace mucho tiempo un muro que restringe y desincentiva la permanencia de venezolanos. No está hecho de ladrillos, sino de barreras burocráticas.

Los venezolanos que escapan de la dictadura de Nicolás Maduro hacia el Perú buscan un refugio permanente donde puedan encontrar trabajo, estabilidad económica y emocional. Siendo así, resulta cuestionable la imposición de medidas burocráticas que dificultan su ingreso y permanencia, pues no se condicen con el espíritu humanitario que caracteriza al gobierno del Perú.

El simple ingreso a nuestro país no había sido un problema en tanto bastaba para ello portar una cédula de identidad. Hoy se exige un pasaporte que para muchos venezolanos es imposible de obtener por el alto costo que representa y el tiempo que demora su tramitación. En la práctica es equivalente a reducir exponencialmente el número de venezolanos que estamos dispuestos a recibir.

Pero la principal barrera que deben enfrentar los venezolanos que ingresan al país es la de tramitar un Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que les permita trabajar de manera formal. El trámite es una vía crucis por la alta demanda y la poca capacidad de las oficinas del gobierno para atenderlos, lo que ha obligado al Estado a crear otro trámite denominado Permiso Temporal Extraordinario (PTE), mientras se tramita el PTP. ¿Por qué exigir estos permisos?

Sin dichos documentos, las empresas formales no pueden contratar venezolanos. Lo más grave es que el PTP tiene una vigencia de tan solo un año, al término del cual debe obtenerse un carné de extranjería y realizarse todos los años un trámite de prórroga de residencia. Por si todo esto fuera poco, para que la contratación de venezolanos que ya obtuvieron carné de extranjería pueda realizarse, cada contrato debe ser revisado y aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), lo cual obliga a las empresas a realizar trámites que encarecen y entorpecen la contratación, más aun cuando se obliga a las empresas a tener que comprar los pasajes de regreso a Venezuela en caso que el contrato se termine.

Todo ello ha generado un alto desincentivo a las empresas formales para la contratación de extranjeros, quienes terminan refugiándose en la informalidad. Pero ninguna de estas barreras es tan gravosa como la del régimen impositivo a la que se están afectos los venezolanos recién llegados, quienes deben tributar como sujetos no domiciliados y pagar un impuesto a la renta equivalente al 30% de sus ingresos. Tras los descuentos de ley, un venezolano que gana S/1,000 brutos recibe sólo S/570 netos, mientras que un peruano con el mismo suelto recibe S/ 870. ¿Qué venezolano querría trabajar de manera formal en estas condiciones?

La voluntad humanitaria del gobierno peruano hacia el pueblo venezolano no debe manifestarse solamente con permitirle el ingreso a nuestro país, sino con eliminar todas las barreras burocráticas que impiden a los venezolanos trabajar en igualdad de condiciones que los peruanos. En tanto ello no ocurra, habremos construido en el Perú un muro mucho más alto que el de Trump.