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Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

La siguiente historia puede parecer la trama de una novela de John Grisham, pero está inspirada en hechos reales ocurridos en el Perú.

A inicios de 2017, una importante distribuidora de productos de consumo masivo fue notificada con una demanda arbitral en la que le requerían el pago de S/5 millones, producto de un incumplimiento contractual. Curiosamente, la distribuidora nunca tuvo relación alguna con el demandante.

Al revisar el escrito en detalle pudo advertir que el arbitraje había sido iniciado por el accionista contralador de un antiguo cliente suyo, al que la distribuidora había vendido mercaderías a crédito y le había ejecutado diversas garantías tras el incumplimiento de sus obligaciones de pago.

Si bien la distribuidora no firmó convenio arbitral alguno con su cliente ni su accionista; ambos –cliente y accionista– fabricaron un contrato de préstamo en el que decidieron someter sus controversias internas a la jurisdicción de un árbitro –cómplice de sus audaces abogados- que terminó vinculando a la distribuidora.

¿Cómo un convenio arbitral celebrado entre dos personas ajenas a la distribuidora podía vincularla? Es que el artículo 14° de la Ley de Arbitraje regula el concepto de “tercero no signatario“, que permite incorporar en un proceso a empresas que, no habiendo aceptado ser parte de él, sean consideradas beneficiarias de la relación comercial entre demandante y demandado. Y siendo el árbitro cómplice del fraude, incluyó a la distribuidora en el proceso en virtud del artículo 14°, con el argumento de que se habría beneficiado del contrato de préstamo al haber recibido parte de los fondos derivados de él.

La recomendación inicial de los abogados fue denunciar penalmente a los implicados e interponer una acción de amparo para que un juez ordenara excluir del arbitraje a la distribuidora. Sin embargo el fiscal archivó la denuncia por falta de pruebas y el juez desestimó la demanda en tanto consideró que el camino correcto para reclamar, era solicitar la nulidad del laudo una vez que fuera emitido.

Como era de esperarse el árbitro emitió su laudo y ordenó pagar a la distribuidora el íntegro del importe reclamado. De inmediato la distribuidora interpuso un recurso de nulidad que fue desestimado por el juez, bajo el argumento de que dicho recurso sólo puede ser interpuesto por quienes participan del arbitraje y la distribuidora se había negado a ser parte de él. Si bien es posible presentar una nueva acción de amparo que busque revertir la decisión del juez, la distribuidora ya enfrenta una contingencia por una pérdida millonaria producto de una deuda que nunca tuvo.

Si algún aprendizaje se puede obtener de esta historia para mitigar los efectos de esta modalidad de estafa —más antigua de lo que muchos creen— es que en casos como éste conviene participar en los arbitrajes aun cuando no se haya firmado el convenio arbitral. De esta manera se mantiene a salvo el derecho a que un juez pueda revisar la validez de un laudo fraudulento, ya que las acciones de amparo parecen no ser la solución para estos casos.