Jorge E.Lazarte Molina
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

En nuestro país cualquiera puede acudir a una comisaría y denunciar que le han robado las joyas de la Corona, el retrato de la Mona Lisa o el acta de la Independencia. Para asentar la denuncia no se requiere probar lo que se dice. Basta con dar un relato de lo sucedido y la policía estará obligada a escuchar su versión de los hechos, anotarla en un registro y emitir una constancia si es que se solicita.

¿Qué significa esto? Que la interposición de una denuncia policial, por sí sola, no sirve para nada. Se trata solamente de una declaración de parte que puede o no dar inicio a una investigación policial o fiscal; pero que en sí misma no tiene más valor ni verosimilitud que una declaración jurada. Si los hechos que se denuncian no se prueban, carecen de valor alguno.

No obstante, algunas entidades sobredimensionan el valor de las denuncias y les otorgan efectos jurídicos de lo más absurdos; exigiendo su interposición cada vez que alguien sufre la pérdida de un bien como condición previa al inicio de ciertos procedimientos. Una mala costumbre que hemos mantenido desde tiempos inmemorables.

El caso más emblemático por los graves perjuicios económicos que genera a las empresas es el que impone un plazo perentorio de 10 días para presentar denuncias policiales por pérdidas, robos o destrucción de bienes, contenido en el reglamento de la Ley de Impuesto General a las Ventas (IGV).

Las empresas que no cumplen con dicho plazo están obligadas a (1) reintegrar el crédito fiscal obtenido al momento de la compra de los bienes – 18%; y (2) pagar el IGV como si el robo, pérdida o destrucción fuera una venta – 18% más. En otras palabras, si la denuncia se presenta el día 11 o después, la empresa sufrirá un perjuicio económico adicional ascendente al 36% del valor de los bienes siniestrados, que incrementará sus pérdidas absurdamente. No denunciar dentro de plazo supondrá que el robo de algo que le costó S/100 le terminará generando una pérdida de S/136.

Si se piensa en el robo de una computadora o en la destrucción de un vehículo, el plazo de 10 días para presentar una denuncia no suena tan descabellado. Pero si se trata del incendio de un centro de distribución o los robos al paso que sufren diariamente las tiendas por departamentos, el plazo para inventariar y valorizar lo perdido resulta a todas luces insuficiente. Aunque parezca increíble, la norma no hace diferencias entre un quiosco y una cadena de grandes almacenes.

Afortunadamente la imposición del plazo de 10 días para presentar denuncias policiales bajo apercibimiento de sufrir mayores pérdidas económicas, parece tener los días contados. El Indecopi ha declarado recientemente que dicho plazo es una barrera burocrática carente de razonabilidad y ha dispuesto su inaplicación en algunos casos concretos.*

Este pronunciamiento abre la puerta para que las empresas que se consideren afectadas por esta falta de razonabilidad soliciten al Indecopi su inaplicación. Aunque más eficiente sería que el Ministerio de Economía y Finanzas repare en que una denuncia policial, por si sola, no tiene más valor que una declaración jurada y se pregunte: ¿por qué no exigir simplemente una declaración jurada?

*Para mayor información visite el buscador de barreras burocráticas de ADEBB.