JorgeLazarte
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Debo reconocer, sin orgullo, que soy miembro de un colegio profesional desde hace 18 años. Me afilié por obligación. Dicen que para poder ejercer como abogado, pero en verdad fue para cumplir con algunas exigencias administrativas, como autorizar minutas ante notarios, escritos ante tribunales, apelaciones ante entidades públicas y otras algo más absurdas, como obtener una medalla para poder hablar frente a un juez. Nunca entendí la razón de estos requisitos. Siempre pensé que si las leyes son exigibles a todos, cualquiera debe poder leerlas, interpretarlas y hacer valer sus derechos ante las autoridades, sin estar obligado a contratar un abogado afiliado a un colegio profesional.

Desde el inicio de mi carrera, estar afiliado a un colegio profesional no me ha enseñado ni me ha servido de nada. Por el contrario, me ha significado un importante gasto, producto de cuotas anuales de afiliación y repetidas multas que he debido pagar por no acudir a votar a los procesos de elección de sus autoridades, a cambio de mantener vigente el carné y la medalla que me regalaron cuando en una modesta ceremonia alguien —no recuerdo quién— me preguntó: “¿Jura usted cumplir la ley?”, y yo respondí con firmeza: “Sí, juro“.

Hago estas reflexiones porque veo con indignación el comportamiento que vienen adoptando algunos colegios profesionales cuando se les hace notar que determinadas normas y conductas internas son contrarias a ley. Recientemente el Indecopi ha declarado que diversas disposiciones de los colegios de odontólogosingenieros, arquitectos y abogados, constituyen barreras burocráticas ilegales e irrazonables, debiendo incluso dictar medidas cautelares contra algunas de dichas instituciones para evitar que sigan exigiendo cobros y requisitos indebidos a sus afiliados. Como si la obligación de afiliarse a ellos no fuera suficientemente perjudicial.

¿No debieran los colegios profesionales ser ejemplo del cumplimiento de la ley? Si la autoridad competente para determinar la legalidad y razonabilidad de los procedimientos administrativos hace ver que un determinado cobro o requisito es ilegal, los colegios profesionales están llamados a su supresión inmediata. Preocupa aún más que, a pesar de los grandes avances que han tenido las leyes de simplificación administrativa en nuestro país, las normas de los colegios profesionales sigan siendo tan antiguas como su creación y se hayan resistido al cambio. Los estatutos y códigos de conducta de estas instituciones mantienen disposiciones que resultan ajenas a nuestra realidad y a nuestro mercado, como aquellas que prohíben publicitar servicios profesionales, que exigen honorarios mínimos y que imponen un rosario de costosas formalidades para poder ejercer la profesión.

Una tarea pendiente para todos los colegios profesionales es revisar sus procedimientos internos y adecuarlos a las normas de simplificación administrativa, para erradicar disposiciones y exigencias que hoy califican como barreras burocráticas. Si las instituciones que albergan y toman juramento a todos los profesionales del país no cumple con las leyes, ¿cómo esperan que sus miembros lo hagan? Los cambios para mejorar deben empezar por uno mismo y servir de ejemplo a los demás. Es la única manera de enseñar.