JorgeLazarte
Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Hay muchas cosas que nos diferencian del primer mundo, pero hay una en particular que nos distancia de él cada día más: la impunidad. Los peruanos hemos interiorizado la idea de que en nuestro país se puede delinquir sin que existan consecuencias legales significativas para el mal comportamiento o la vulneración de los derechos de los demás.

La mayoría de delitos que se cometen en nuestro país no tiene mayor trascendencia porque quienes los cometen no van a la cárcel. Uno de los beneficios penitenciarios más perniciosos es el que insta a los jueces a suspender la pena de prisión a quienes sean condenados por menos de 4 años. O sea que aquellos que deben ir presos, simplemente se van a casa.

Golpear a una persona hasta mandarla al hospital por 20 días, insultarla, calumniarla, difamarla, acosarla sexualmente, chantajearla, estafarla, violar su domicilio o sus comunicaciones, hurtar sus bienes – incluyendo autos -, apropiarse ilícitamente o causar daños a su propiedad; son delitos que pueden no tener prisión efectiva porque las penas suelen ser menores a 4 años.

Nos hemos malacostumbrado a enviar a prisión solamente a asaltantes, asesinos, violadores y traficantes. Los resultados del Informe Estadístico Penitenciario del 2017 muestran que de los 85 mil reos que tenemos recluidos en los penales, más del 90% encaja dentro de ese perfil violento; mientras que el 65% de quienes han sido sentenciados por la comisión de diversos delitos, no cumple sus penas debido a la existencia de beneficios penitenciarios.

Según cifras dadas a conocer por la BBC y El País, mientras que en nuestro país hay 265 presos por cada 100,000 habitantes; hay 655 en Estados Unidos, 446 en Rusia, 390 en Panamá, 375 en Costa Rica y 320 en Uruguay. Esto no significa que nuestro país sea más seguro o respetuoso de las leyes que el resto. Significa solamente que nuestros niveles de impunidad son mayores.

La creación y el mantenimiento de beneficios penitenciarios requiere ser tratado y debatido con seriedad, porque contribuye a aumentar la inseguridad ciudadana y jurídica del país. No obstante su enorme importancia, el 11 de octubre de 2018 la bancada de Fuerza Popular decidió aprobar, sin mayor análisis, una ley cuyo proyecto fue presentado apenas 2 días antes y exonerado de todos los estudios y debates que correspondían realizarse en comisión, con tanta premura que sólo se explica en el beneficio que generaba para una persona.

Se trata de una ley de un alto contenido discriminatorio que permite a las mujeres mayores de 65 y a los hombres mayores de 75, que sufran enfermedad, cumplir solo un tercio de sus condenas y salir de prisión en libertad con un dispositivo GPS. Si están sanos basta que las mujeres cumplan 70 y los hombres 78, quedando su liberación a criterio del Jefe del Instituto Nacional Penitenciario – INPE. Es decir, impunidad por canas.

No es el propósito de este artículo debatir sobre el carácter humanitario de estos nuevos beneficios, que afectan a menos del 3% de la población penitenciaria; sino poner en evidencia la indignación que causa que quienes representan a la nación e integran el primer poder del Estado, antepongan intereses particulares por sobre los intereses generales del país, priorizando la aprobación de leyes sin consenso, pensando en el beneficio de una sola persona y no en qué es lo que más conviene al Perú. El Perú no necesita crear más beneficios penitenciarios. Necesita eliminar muchos de los que ya tiene.