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Destrabe empresarial Por Jorge Lazarte

Aproximadamente ocho de cada diez peruanos trabajan de manera informal. No están en planilla. No pagan impuestos. No aportan a Essalud. No están afiliados a una AFP o a la ONP. ¡Ocho de cada diez! Esta cifra coincide con la dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que revela que al 2017 la informalidad laboral en el país alcanzaba niveles cercanos al 75%.

Sin embargo, para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la informalidad laboral del Perú en el sector privado asciende solo al 46%  Desde esta óptica casi un 30% de la población laboral que opera al margen de la ley, que no tributa, que no aporta a la seguridad social ni al sistema previsional, no es considerada informal por el gobierno [El Comercio].

Esta notoria diferencia obedece a que, para la autoridad de trabajo, la población laboral informal sólo está compuesta por aquellos trabajadores que laboran bajo una relación de dependencia, mas no por aquellos que trabajan de modo independiente. Cabe preguntarse entonces: ¿quién se está preocupando por formalizar a este sector de la economía, que a modo de ver del gobierno no califica como informal? ¿Será ésta la razón por la que el MTPE está más preocupado en la fiscalización de las grandes empresas, antes que en reducir la informalidad de trabajadores que laboran en empresas absolutamente informales?

En declaraciones a la prensa, el ministro Christian Sánchez ha manifestado la importancia de priorizar las labores de supervisión en las grandes empresas, antes que en las micro y pequeñas empresas que concentran el 90% de la informalidad del país [SEMANAeconómica]. Ha hecho especial énfasis en la necesidad de revisar las modalidades de contratación a plazo fijo, mostrando mayor preocupación por esta situación que por la de aquellas personas que laboran en empresas absolutamente informales [Gestión]. Ha declarado también que “discrepa de que exista rigidez laboral en el Perú” [Gestión], dando a entender que la flexibilización de normas laborales no son una prioridad para este gobierno.

Empero, a diferencia de lo que piensa el ministro, es justamente la rigidez laboral la principal causa de los problemas que le preocupan, y la flexibilización podría ser la solución a ellos. Si algunas empresas optan por celebrar contratos a plazo fijo cuando no existen razones legales que lo justifiquen, es por  temor a la estabilidad laboral absoluta que existe en el país, y a las restricciones para desvincular a trabajadores cuando existe una pérdida de confianza o razones empresariales.

No hay nada más gravoso para una empresa que obligarla a trabajar con personas en las que no confía o que no necesita. Si las empresas pudieran poner fin a la relación laboral por pérdida de confianza, necesidades de mercado o generación de eficiencias, pagando una indemnización legal sin enfrentar riesgos de reposición; los motivos para celebrar contratos a plazo fijo injustificadamente, que tanto preocupan al ministro, desaparecerían de inmediato.

Es justamente por ello que se requiere de una reforma laboral orientada a desaparecer no sólo la estabilidad laboral absoluta, sino todas aquellas obligaciones que resultan completamente ajenas a la realidad económica de nuestro país y que son la principal causa de informalidad. Mientras más demore el gobierno en darse cuenta de esta situación, más demoraremos en dejar de ser un país de informales.